El Gobierno apeló y la Ley de Medios llega a la Corte
El Gobierno apeló ayer ante la Corte Suprema de Justicia el fallo adverso de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sobre la Ley de Medios Audiovisuales y la disputa con el Grupo Clarín quedó finalmente en manos del máximo tribunal.
Las presentaciones estuvieron a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Jefatura de Gabinete, que encabeza Juan Manuel Abal Medina, en contra del fallo de la Cámara que, el pasado 17 de abril, declaró “inconstitucional” el artículo de la ley que fija límites a la concentración de licencias.
De esa forma, la Corte Suprema comenzará a intervenir sobre la “cuestión de fondo” que se discute en torno a la aplicación de la norma y, según consideró días atrás el juez Eugenio Zaffaroni, el fallo definitivo del máximo tribunal “debería salir antes de las elecciones” legislativas de octubre.
La apelación del Gobierno responde a que los camaristas Susana Najurieta, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarignoni declararon inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias “no podrá alegarse como derecho adquirido”.
Al respecto, el Afsca denunció que la Cámara “sólo declaró inconstitucional las partes del artículo 45 de la ley que puntualmente perjudicaban al Grupo Clarín, avalando la constitucionalidad de las que no lo involucraban directamente” y pidió a la Corte que “revoque la sentencia y ratifique la constitucionalidad de la ley”.
Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló a la Corte porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año -ya excedido- para grupos que superen el tope de la norma (161).
“Prohibir totalmente la transferibilidad de las licencias resulta una medida desproporcionada y arbitraria, que no persigue ningún objetivo estatal identificable”, planteó el abogado del Grupo Clarín, Damián Cassino.
Hasta el momento, el planteo del Grupo Clarín contra la norma fue rechazado por el juez de primera instancia Horacio Alfonso y por los fiscales, tanto en primera instancia como en la Cámara, aunque los camaristas finalmente decidieron hacer lugar parcialmente al reclamo de inconstitucionalidad.
El organismo que encabeza Martín Sabbatella sostuvo que la sentencia de la Cámara es “arbitraria” por carecer de fundamentación y desarrollar “meras generalizaciones”, y agrega que el fallo cuestionado “se limita a receptar parcialmente algunos argumentos del Grupo Clarín” a los fines de adoptar decisiones centradas “principalmente en satisfacer los intereses de la demandante”.
La Afsca alertó además que de confirmarse la sentencia de la Cámara se distorsionaría el sentido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que “se situaría al grupo mayoritario y más extendido en una posición de privilegio en el mercado, ya que mientras éste no tendría que readecuarse a los fines de ajustarse a la normativa, sí lo deberían hacer los otros licenciatarios”.
Además, el Afsca denunció que los jueces de la Cámara se excedieron en su función judicial y volcaron “manifestaciones ideológicas” en su fallo, “invadiendo el ámbito del Poder Legislativo que es quien está legitimado para evaluar la conveniencia, mérito y oportunidad de las normas, debiendo limitarse la justicia a verificar si vulnera la Constitución”.
De esa forma, la Corte Suprema comenzará a intervenir sobre la “cuestión de fondo” que se discute en torno a la aplicación de la norma y, según consideró días atrás el juez Eugenio Zaffaroni, el fallo definitivo del máximo tribunal “debería salir antes de las elecciones” legislativas de octubre.
La apelación del Gobierno responde a que los camaristas Susana Najurieta, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarignoni declararon inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias “no podrá alegarse como derecho adquirido”.
Al respecto, el Afsca denunció que la Cámara “sólo declaró inconstitucional las partes del artículo 45 de la ley que puntualmente perjudicaban al Grupo Clarín, avalando la constitucionalidad de las que no lo involucraban directamente” y pidió a la Corte que “revoque la sentencia y ratifique la constitucionalidad de la ley”.
Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló a la Corte porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año -ya excedido- para grupos que superen el tope de la norma (161).
“Prohibir totalmente la transferibilidad de las licencias resulta una medida desproporcionada y arbitraria, que no persigue ningún objetivo estatal identificable”, planteó el abogado del Grupo Clarín, Damián Cassino.
Hasta el momento, el planteo del Grupo Clarín contra la norma fue rechazado por el juez de primera instancia Horacio Alfonso y por los fiscales, tanto en primera instancia como en la Cámara, aunque los camaristas finalmente decidieron hacer lugar parcialmente al reclamo de inconstitucionalidad.
El organismo que encabeza Martín Sabbatella sostuvo que la sentencia de la Cámara es “arbitraria” por carecer de fundamentación y desarrollar “meras generalizaciones”, y agrega que el fallo cuestionado “se limita a receptar parcialmente algunos argumentos del Grupo Clarín” a los fines de adoptar decisiones centradas “principalmente en satisfacer los intereses de la demandante”.
La Afsca alertó además que de confirmarse la sentencia de la Cámara se distorsionaría el sentido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que “se situaría al grupo mayoritario y más extendido en una posición de privilegio en el mercado, ya que mientras éste no tendría que readecuarse a los fines de ajustarse a la normativa, sí lo deberían hacer los otros licenciatarios”.
Además, el Afsca denunció que los jueces de la Cámara se excedieron en su función judicial y volcaron “manifestaciones ideológicas” en su fallo, “invadiendo el ámbito del Poder Legislativo que es quien está legitimado para evaluar la conveniencia, mérito y oportunidad de las normas, debiendo limitarse la justicia a verificar si vulnera la Constitución”.
Este contenido no está abierto a comentarios