Algunos legisladores son dueños de campos
La prohibición de fumigaciones aéreas duerme en Diputados
La comisión de Tierras de la Cámara de Diputados provincial “no se reunió ninguna vez en lo que va del año y tampoco analizó proyectos que se encuentran para ser tratados”. Uno de ellos, es la propuesta que prohíbe las fumigaciones aéreas en Entre Ríos, que se encuentra con estado parlamentario desde la gestión anterior, indicaron a AIM diferentes legisladores.
Uno de los proyectos que duerme en comisión es el de fumigaciones aéreas. Su autor, el ex diputado Héctor de la Fuente, expresó en febrero de este año que no está en comunicación con la nueva conformación de la Legislatura, pero “buscaremos contactarnos” para reflotar la propuesta.
“Espero que en algún momento se reflote y se vuelva a tratar; creo que amerita que se siga trabajando sobre ese tema”, dijo y aclaró que por ahora, “no sé nada”, por lo que “veremos de establecer relaciones, si bien recién estamos comenzando esta nueva gestión”.
La iniciativa del diputado busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Pero, la actual composición de la Cámara de Diputados no ha tenido vocación siquiera para abordar este tema, que ya se ha devorado demasiadas vidas tanto en la provincia como en otros lugares del país. No se debe soslayar el dato que la mayoría de los legisladores tienen directos vínculos con la producción agropecuaria a escala industrial y que difícilmente vayan a sancionar una ley en contra de sus propios intereses económicos y que a otros legisladores directamente no les preocupa la salud de los entrerrianos.
Ejemplo cordobés
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada el martes por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de treinta muertes por esa enfermedad.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2.500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio.
¿Por qué en Entre Ríos no se toma una medida similar, pese a que los médicos denuncian que todos los días se genera un cáncer tan sólo en Gualeguaychú?
“Espero que en algún momento se reflote y se vuelva a tratar; creo que amerita que se siga trabajando sobre ese tema”, dijo y aclaró que por ahora, “no sé nada”, por lo que “veremos de establecer relaciones, si bien recién estamos comenzando esta nueva gestión”.
La iniciativa del diputado busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Pero, la actual composición de la Cámara de Diputados no ha tenido vocación siquiera para abordar este tema, que ya se ha devorado demasiadas vidas tanto en la provincia como en otros lugares del país. No se debe soslayar el dato que la mayoría de los legisladores tienen directos vínculos con la producción agropecuaria a escala industrial y que difícilmente vayan a sancionar una ley en contra de sus propios intereses económicos y que a otros legisladores directamente no les preocupa la salud de los entrerrianos.
Ejemplo cordobés
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada el martes por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de treinta muertes por esa enfermedad.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2.500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio.
¿Por qué en Entre Ríos no se toma una medida similar, pese a que los médicos denuncian que todos los días se genera un cáncer tan sólo en Gualeguaychú?
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