Juicio por el desfalco en Tesorería
Seis testigos, ningún aporte sustancial, y más se desmorona la teoría conspirativa
En la Cámara del Crimen de Gualeguay se desarrolló otra audiencia de debate en torno al juicio por el desfalco en el área de Tesorería.
Los imputados en esta causa son: el ex tesorero municipal, Ángel José Giménez por el delito de peculado doloso de manera reiterada en 91 hechos; el ex intendente Daniel Irigoyen por peculado culposo reiterado en nueve hechos; el ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez por idéntica figura pero en 18 hechos; y el ex contador municipal, Pedro Pomés, por no haber cumplido sus deberes como funcionario público.
El tribunal está integrado por Darío Ernesto Crespo como Presidente y Jorge Omar Torres y Alejandra Gómez como Vocales, en tanto que el Fiscal de Cámara es Dardo Tortul.
Se trata de una causa que fue caracterizada desde la etapa de Instrucción como compleja, tiene 32 cuerpos y más de 6.300 fojas y su carátula es “Irigoyen José Daniel, Néstor José Pérez, Ángel José Giménez, Pedro A. Pomés / peculado cometidos en forma reiterada y otros”.
La primer audiencia de debate se realizó el lunes 19 de marzo (fecha coincidente con el cumpleaños número 64 del único denunciante, Daniel Irigoyen) y en ese mes se realizaron seis audiencias. En abril se han realizado ocho audiencias incluida la de ayer y quedan pendiente las de los días 23, 25 y 27. Y finalmente para mayo, si no se amplían los días pactados, las audiencias serían el miércoles 2 y el viernes 4.
Hasta el momento se han realizado trece audiencias para determinar el desfalco denunciado por el Departamento Ejecutivo Municipal a mediados de 2005 y que tiene como al mayor imputado al ex Tesorero quien está acusado de haber cometido 91 hechos de malversación dolosa, es decir en castellano liso y llano, haberse llevado para beneficio propio un total aproximado a los tres millones de pesos. Mientras que los demás imputados (Irigoyen, Pérez y Pomés) tienen acusaciones por figuras culposas, es decir, haber posibilitado sin intención ni beneficio alguno la comisión de esos actos de corrupción supuestamente por parte de Giménez (Irigoyen y Pérez) y violación de los deberes de funcionario público (Pomés).
El ex Tesorero ya declaró en estas audiencias (lo hizo en las tres primeras jornadas) y negó toda responsabilidad con las acusaciones que pesan en su contra, pero paso seguido manifestó al Tribunal que es víctima de una conspiración generalizada y casi colectiva. Para sostener en parte ese argumento, indicó que al Banco Bersa habría ido en total “como cinco o seis veces” y que nunca había concurrido al Banco Nación; lo que fue desmentido de manera contundente tanto por sus propios compañeros de trabajo como por los empleados de ambas entidades bancarias e incluso por filmaciones que lo muestran realizando diversas operaciones y retirando dinero en efectivo. Si bien Giménez reconoció cada plano que observó de esos videos que el Banco Bersa aportó a la Justicia, cuando le llegó el turno de reconocerse así mismo, dijo no poder hacerlo porque veía a una persona que usaba lentes y él no usaba anteojos. Esto también fue rápidamente desmentido, porque obran docenas y docenas de fotografías de esa época utilizando lentes, además que cada persona que observó el video lo reconoce de manera nítida, indubitable y sin esfuerzos interpretativos, lo que fue corroborado también recientemente por el ex gerente del Bersa, Eduardo Londra.
Por otro lado, no es menor que hasta el momento su defensa no ha podido introducir ningún elemento de prueba que conduzcan a fortalecer la conspiración generalizada contra Giménez, ni siquiera un testigo que diera cuenta aunque más no sea de manera aproximada sobre esa supuesta artimaña. En cambio, desde la etapa de la Instrucción como en estas audiencias, abruman las pruebas, los aportes de los peritos y de los testigos que han aportado elementos sólidos sobre la responsabilidad de Giménez en los actos de corrupción que son materia de debate en la Cámara del Crimen. Incluso, hasta familiares del ex Tesorero lo han involucrado de manera directa en el envío de fondos hacia terceros, cuando Mario Grégori (esposo de Stella Maris Bentancour, tía directa por vía materna de Giménez) confesó que le había prestado una cuenta bancaria para que realizara depósitos, cuyos fondos por orden de Giménez se los dieron a Sergio Rubén Varone, quien a su vez era socio junto a Mariano Martín Porreca y Carlos Gabriel Troncoso en la firma TPV. Además de estar seriamente involucrada la ahora ex mujer de Troncoso y hermana de Sergio Varone, Elizabeth Martha Varone, quien también se vio “favorecida” en reiteradas oportunidades de fondos provenientes de la Municipalidad, sin tener justificativo alguno para ello y que fueron realizados desde el área de Tesorería.
La audiencia de ayer
En este contexto de situación se realizó ayer la audiencia de debate número trece. Y a pedido de la defensa del ex Tesorero, fueron convocados una media docena de testigos, todos empleados de diferentes rangos de la Municipalidad y que declararon por primera vez en este juicio.
Las partes intuían que la jornada no iba a arrojar ningún elemento ilustrador sobre los reales hechos que se sustancian en la Cámara del Crimen, y todos llegaron al señorial edificio de manera distendida. Incluso “los generales” del Código Penal como los doctores Julio Federik (abogado de la querella), Luis Leissa y Alberto Bovino (abogados de Irigoyen) y Félix Del Castillo (abogado de Pérez) se anticiparon al tedio y decidieron no concurrir, para dejar “en la arena” judicial a sus “capitanes”, los doctores Leopoldo Lambruschini en el caso de la querella; Leandro Dato para Irigoyen y Sebastián Del Castillo para Pérez. Solamente Giménez y Pomés estuvieron acompañados por el pleno de sus defensores.
Lo que iba a ser una jornada larga y tediosa, se convirtió en la audiencia más corta de todas las que se han desarrollado hasta el momento, lo que demuestra la irrelevancia de los seis testigos citados. Es que nada es más tedioso que aquello que quiere ser insólito de manera sistemática.
Los testigos
A las 10 en punto el Tribunal convocó a la testigo Patricia María Teresa Puppo, quien se desempeñó en la Municipalidad desde diciembre de 1979 hasta diciembre del año pasado. Ella contó que su labor era la atención al público en el área vinculada con el comercio y que dependía de Rentas. Luego de tres o cuatro preguntas irrelevantes, quedó liberada veinte minutos después.
Este primer testigo marcó el ritmo de las audiencias. Porque al igual que todos los demás, le llevó más tiempo decir cómo se llamaba y sus datos personales, que responder el interrogatorio por parte de la defensa de Giménez.
El segundo testigo fue Estela María Farías, quien trabaja en la comuna desde 1980, pasando por Legajo Personal, Rentas, un tiempo en la Secretaría de Gobierno y actualmente en Rentas en el área de asuntos Inmobiliarios. Tampoco aportó demasiados datos más que eso, siempre ha pedido de la defensa de Giménez. Ella ingresó a la sala a las 10:20 y se retiró a las 10:27 para dar cuenta el sin sentido de su presencia.
El tercer testimonio correspondió a María Elsa Guerín, quien trabaja en la Municipalidad desde 1979, en la oficina de Contaduría y se encarga del pago a proveedores e imputaciones presupuestarias. Explicó cómo se hacían las órdenes de libramiento. A las 10:53 ya estaba liberada de su carga pública como testigo.
El cuarto en dar testimonio –también a pedido de la defensa de Giménez- fue Carlos Marcelo Krausse, quien trabaja en la Municipalidad desde 1983. Primero en Mayordomía, luego en Consorcios y actualmente en el área de Informática. Pero su aporte tampoco fue significativo y quedó rápidamente liberado.
A las 11:10 fue el turno del quinto testigo pedido por la defensa de Giménez, el empleado Andrés Zapata, que trabaja en la Municipalidad desde marzo de 2001 en el área de Informática. Pero, como sólo repara computadoras, su aporte tampoco fue sustancial para los graves hechos de corrupción que se ventilan en este juicio y que generó la mayor conmoción colectiva en la historia de Gualeguaychú en la materia. Seis minutos después, ya se encontraba fuera de la sala de audiencia.
A las 11:15 ingresó a la sala el sexto y último testigo fue Alfredo Fabián Broggi, quien trabaja en el área de Informática y fue llamado a declarar también a pedido de la defensa del ex Tesorero. Su aporte, al igual que los demás, no implicó nada sustancial. Cuando el reloj ubicado arriba de la puerta de ingreso a la Sala de la Cámara del Crimen marcó las 11:30, el Tribunal levantó la audiencia de debate y convocó a nueva audiencia para el lunes. Eso fue todo y los abogados de las demás partes no dejaron de manifestar su asombro.
La defensa de Giménez desistió de la convocatoria futura de otros testigos de similares características como el caso de Susana Beatriz Frías, César Germán Liborci, Mario Dammer, Eugenio Jacquemain y Graciela Molinari, lo que fue celebrado por todos en la sala.
El lunes están convocados a declarar como testigos los empleados municipales Sara Liliana Retamoza, Héctor Eduardo Lapalma, Elena Graciela Rodríguez, Lidia Ester Scaglia y Adriana Doello Jurado y se estima que no será diferente a lo ocurrido ayer.
El peculado
Cabe consignar que la figura delictiva de peculado no es un simple acto de abuso de confianza sino esencialmente un abuso de autoridad en la función pública. Y Giménez tiene 91 razones para estar preocupado, dado que es requisito esencial para realizar este delito que el sujeto activo sea un funcionario o empleado público y que el bien (des) protegido sea patrimonio del Estado.
El delito de peculado se encuentra previsto en el artículo 261 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
Cuando se realiza un peculado como el denunciado, son varios los bienes jurídicos afectados, no sólo el dinero. Dado que también se afecta la seguridad con que una administración debe tratar de preservar los bienes públicos y se afecta incluso la confianza o la fe que se depositó en ese funcionario que ahora aparece desleal.
El otro aspecto es que existe la relación funcional entre el autor y los bienes, cuya custodia le fue confiada.
Un aspecto no menor que sigue pendiente es la citación de quienes forman parte, según se desprende de la etapa de la Instrucción, de la ruta del dinero de este desfalco: los socios de la firma TPV, Carlos Gabriel Troncoso, Mariano Martín Porreca y Sergio Rubén Varone, además de la hermana de éste último, Elizabeth Martha Varone; cuyos aportes pueden ser decisivos. Pero, hasta el momento han sido infructuosos los esfuerzos para citarlos. Una vieja frase popular enseña que “confiesa el delito el que huye del juicio”. ¿Se cumplirá en este caso?
Por último, ahora se entiende mejor por qué cuando ayer Ángel José Giménez se sentó en el banquillo de los acusados, lo hizo como si supiera que todo lo relevante que había conseguido en su vida, se le estuviera esfumando en la Cámara del Crimen de Gualeguay.
El tribunal está integrado por Darío Ernesto Crespo como Presidente y Jorge Omar Torres y Alejandra Gómez como Vocales, en tanto que el Fiscal de Cámara es Dardo Tortul.
Se trata de una causa que fue caracterizada desde la etapa de Instrucción como compleja, tiene 32 cuerpos y más de 6.300 fojas y su carátula es “Irigoyen José Daniel, Néstor José Pérez, Ángel José Giménez, Pedro A. Pomés / peculado cometidos en forma reiterada y otros”.
La primer audiencia de debate se realizó el lunes 19 de marzo (fecha coincidente con el cumpleaños número 64 del único denunciante, Daniel Irigoyen) y en ese mes se realizaron seis audiencias. En abril se han realizado ocho audiencias incluida la de ayer y quedan pendiente las de los días 23, 25 y 27. Y finalmente para mayo, si no se amplían los días pactados, las audiencias serían el miércoles 2 y el viernes 4.
Hasta el momento se han realizado trece audiencias para determinar el desfalco denunciado por el Departamento Ejecutivo Municipal a mediados de 2005 y que tiene como al mayor imputado al ex Tesorero quien está acusado de haber cometido 91 hechos de malversación dolosa, es decir en castellano liso y llano, haberse llevado para beneficio propio un total aproximado a los tres millones de pesos. Mientras que los demás imputados (Irigoyen, Pérez y Pomés) tienen acusaciones por figuras culposas, es decir, haber posibilitado sin intención ni beneficio alguno la comisión de esos actos de corrupción supuestamente por parte de Giménez (Irigoyen y Pérez) y violación de los deberes de funcionario público (Pomés).
El ex Tesorero ya declaró en estas audiencias (lo hizo en las tres primeras jornadas) y negó toda responsabilidad con las acusaciones que pesan en su contra, pero paso seguido manifestó al Tribunal que es víctima de una conspiración generalizada y casi colectiva. Para sostener en parte ese argumento, indicó que al Banco Bersa habría ido en total “como cinco o seis veces” y que nunca había concurrido al Banco Nación; lo que fue desmentido de manera contundente tanto por sus propios compañeros de trabajo como por los empleados de ambas entidades bancarias e incluso por filmaciones que lo muestran realizando diversas operaciones y retirando dinero en efectivo. Si bien Giménez reconoció cada plano que observó de esos videos que el Banco Bersa aportó a la Justicia, cuando le llegó el turno de reconocerse así mismo, dijo no poder hacerlo porque veía a una persona que usaba lentes y él no usaba anteojos. Esto también fue rápidamente desmentido, porque obran docenas y docenas de fotografías de esa época utilizando lentes, además que cada persona que observó el video lo reconoce de manera nítida, indubitable y sin esfuerzos interpretativos, lo que fue corroborado también recientemente por el ex gerente del Bersa, Eduardo Londra.
Por otro lado, no es menor que hasta el momento su defensa no ha podido introducir ningún elemento de prueba que conduzcan a fortalecer la conspiración generalizada contra Giménez, ni siquiera un testigo que diera cuenta aunque más no sea de manera aproximada sobre esa supuesta artimaña. En cambio, desde la etapa de la Instrucción como en estas audiencias, abruman las pruebas, los aportes de los peritos y de los testigos que han aportado elementos sólidos sobre la responsabilidad de Giménez en los actos de corrupción que son materia de debate en la Cámara del Crimen. Incluso, hasta familiares del ex Tesorero lo han involucrado de manera directa en el envío de fondos hacia terceros, cuando Mario Grégori (esposo de Stella Maris Bentancour, tía directa por vía materna de Giménez) confesó que le había prestado una cuenta bancaria para que realizara depósitos, cuyos fondos por orden de Giménez se los dieron a Sergio Rubén Varone, quien a su vez era socio junto a Mariano Martín Porreca y Carlos Gabriel Troncoso en la firma TPV. Además de estar seriamente involucrada la ahora ex mujer de Troncoso y hermana de Sergio Varone, Elizabeth Martha Varone, quien también se vio “favorecida” en reiteradas oportunidades de fondos provenientes de la Municipalidad, sin tener justificativo alguno para ello y que fueron realizados desde el área de Tesorería.
La audiencia de ayer
En este contexto de situación se realizó ayer la audiencia de debate número trece. Y a pedido de la defensa del ex Tesorero, fueron convocados una media docena de testigos, todos empleados de diferentes rangos de la Municipalidad y que declararon por primera vez en este juicio.
Las partes intuían que la jornada no iba a arrojar ningún elemento ilustrador sobre los reales hechos que se sustancian en la Cámara del Crimen, y todos llegaron al señorial edificio de manera distendida. Incluso “los generales” del Código Penal como los doctores Julio Federik (abogado de la querella), Luis Leissa y Alberto Bovino (abogados de Irigoyen) y Félix Del Castillo (abogado de Pérez) se anticiparon al tedio y decidieron no concurrir, para dejar “en la arena” judicial a sus “capitanes”, los doctores Leopoldo Lambruschini en el caso de la querella; Leandro Dato para Irigoyen y Sebastián Del Castillo para Pérez. Solamente Giménez y Pomés estuvieron acompañados por el pleno de sus defensores.
Lo que iba a ser una jornada larga y tediosa, se convirtió en la audiencia más corta de todas las que se han desarrollado hasta el momento, lo que demuestra la irrelevancia de los seis testigos citados. Es que nada es más tedioso que aquello que quiere ser insólito de manera sistemática.
Los testigos
A las 10 en punto el Tribunal convocó a la testigo Patricia María Teresa Puppo, quien se desempeñó en la Municipalidad desde diciembre de 1979 hasta diciembre del año pasado. Ella contó que su labor era la atención al público en el área vinculada con el comercio y que dependía de Rentas. Luego de tres o cuatro preguntas irrelevantes, quedó liberada veinte minutos después.
Este primer testigo marcó el ritmo de las audiencias. Porque al igual que todos los demás, le llevó más tiempo decir cómo se llamaba y sus datos personales, que responder el interrogatorio por parte de la defensa de Giménez.
El segundo testigo fue Estela María Farías, quien trabaja en la comuna desde 1980, pasando por Legajo Personal, Rentas, un tiempo en la Secretaría de Gobierno y actualmente en Rentas en el área de asuntos Inmobiliarios. Tampoco aportó demasiados datos más que eso, siempre ha pedido de la defensa de Giménez. Ella ingresó a la sala a las 10:20 y se retiró a las 10:27 para dar cuenta el sin sentido de su presencia.
El tercer testimonio correspondió a María Elsa Guerín, quien trabaja en la Municipalidad desde 1979, en la oficina de Contaduría y se encarga del pago a proveedores e imputaciones presupuestarias. Explicó cómo se hacían las órdenes de libramiento. A las 10:53 ya estaba liberada de su carga pública como testigo.
El cuarto en dar testimonio –también a pedido de la defensa de Giménez- fue Carlos Marcelo Krausse, quien trabaja en la Municipalidad desde 1983. Primero en Mayordomía, luego en Consorcios y actualmente en el área de Informática. Pero su aporte tampoco fue significativo y quedó rápidamente liberado.
A las 11:10 fue el turno del quinto testigo pedido por la defensa de Giménez, el empleado Andrés Zapata, que trabaja en la Municipalidad desde marzo de 2001 en el área de Informática. Pero, como sólo repara computadoras, su aporte tampoco fue sustancial para los graves hechos de corrupción que se ventilan en este juicio y que generó la mayor conmoción colectiva en la historia de Gualeguaychú en la materia. Seis minutos después, ya se encontraba fuera de la sala de audiencia.
A las 11:15 ingresó a la sala el sexto y último testigo fue Alfredo Fabián Broggi, quien trabaja en el área de Informática y fue llamado a declarar también a pedido de la defensa del ex Tesorero. Su aporte, al igual que los demás, no implicó nada sustancial. Cuando el reloj ubicado arriba de la puerta de ingreso a la Sala de la Cámara del Crimen marcó las 11:30, el Tribunal levantó la audiencia de debate y convocó a nueva audiencia para el lunes. Eso fue todo y los abogados de las demás partes no dejaron de manifestar su asombro.
La defensa de Giménez desistió de la convocatoria futura de otros testigos de similares características como el caso de Susana Beatriz Frías, César Germán Liborci, Mario Dammer, Eugenio Jacquemain y Graciela Molinari, lo que fue celebrado por todos en la sala.
El lunes están convocados a declarar como testigos los empleados municipales Sara Liliana Retamoza, Héctor Eduardo Lapalma, Elena Graciela Rodríguez, Lidia Ester Scaglia y Adriana Doello Jurado y se estima que no será diferente a lo ocurrido ayer.
El peculado
Cabe consignar que la figura delictiva de peculado no es un simple acto de abuso de confianza sino esencialmente un abuso de autoridad en la función pública. Y Giménez tiene 91 razones para estar preocupado, dado que es requisito esencial para realizar este delito que el sujeto activo sea un funcionario o empleado público y que el bien (des) protegido sea patrimonio del Estado.
El delito de peculado se encuentra previsto en el artículo 261 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
Cuando se realiza un peculado como el denunciado, son varios los bienes jurídicos afectados, no sólo el dinero. Dado que también se afecta la seguridad con que una administración debe tratar de preservar los bienes públicos y se afecta incluso la confianza o la fe que se depositó en ese funcionario que ahora aparece desleal.
El otro aspecto es que existe la relación funcional entre el autor y los bienes, cuya custodia le fue confiada.
Un aspecto no menor que sigue pendiente es la citación de quienes forman parte, según se desprende de la etapa de la Instrucción, de la ruta del dinero de este desfalco: los socios de la firma TPV, Carlos Gabriel Troncoso, Mariano Martín Porreca y Sergio Rubén Varone, además de la hermana de éste último, Elizabeth Martha Varone; cuyos aportes pueden ser decisivos. Pero, hasta el momento han sido infructuosos los esfuerzos para citarlos. Una vieja frase popular enseña que “confiesa el delito el que huye del juicio”. ¿Se cumplirá en este caso?
Por último, ahora se entiende mejor por qué cuando ayer Ángel José Giménez se sentó en el banquillo de los acusados, lo hizo como si supiera que todo lo relevante que había conseguido en su vida, se le estuviera esfumando en la Cámara del Crimen de Gualeguay.
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