La Caja dio la jubilación a Emilio Castrillon y cesa como vocal del STJ

Se trata de un privilegio de impunidad del que gozan los magistrados. Quienes juzgar a los ciudadanos, al jubilarse evitan ser juzgados. Así es la ley en Entre Ríos. Por eso, en parte, el Poder Judicial es una de las instituciones que menos confianza inspira.

La noticia sobre la jubilación de Castrillon la dio ayer el portal Análisis, en medio del escándalo que protagoniza Castrillon; quien ayer también –de manera coincidente- le tomaron declaración indagatoria en La Paz (su ciudad de origen) por un escándalo protagonizado en marzo pasado.

Es oportuno recordar que el vocal del STJ fue denunciado al Jurado de Enjuiciamiento de la Cámara de Diputados por episodios de violencia, en una presentación que hizo el periodista Daniel Tirso Fiorotto.

El periodista elevó un escrito de 34 páginas, que, en buena parte se basó en la investigación del director de la Revista Análisis, Daniel Enz, sobre los hechos violentos protagonizados por Castrillon en los últimos años, en episodios producidos en ámbitos del STJ, lo que se publicó en la edición de esa revista del 8 de abril.

Ayer a primera hora, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, firmó la resolución por la cual le otorgó la jubilación y se la comunicó al propio interesado y a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ahora el gobierno del Poder Judicial debe comunicar el cese y designar un interino; mientras el gobernador Gustavo Bordet comienza a evaluar la nueva designación.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza de Paraná) en la mañana de ayer, Scarione confirmó la novedad y explicitó que “está digitalizado el sistema de comunicación” con lo cual tras la firma del trámite “se le comunica a él (por Castrillon) y al Superior Tribunal que es su empleador”.

Agregó que “en la provincia tenemos la suerte de que no pasa demasiado tiempo sin cobrar una persona que pasa de activo a pasivo; siempre se trata que sea un plazo de 40 a 50 días e incluso se le paga un anticipo”. Consideró que “es muy probable” que en junio ya comience a cobrar su jubilación. “En eso somos respetuosos de la ley y no hacemos distinciones entre los beneficiarios más allá de que algunos cobren más y otros cobren menos”, afirmó.

Consultado por la rapidez del trámite, el funcionario sostuvo: “Tomé todos los recaudos necesarios, sé de mi responsabilidad y sé que el 1° de marzo a las 7 de la mañana vino a la Caja el doctor Castrillon con toda su papelería y que el Artículo 35° de la Ley 8.732 dice que la formal presentación de la solicitud de jubilación significa para el beneficiario la renuncia expresa a su labor, es decir que Castrillon renunció a su trabajo el día que presentó formalmente su beneficio”.

Y agregó que “desde ese día Castrillon ya había renunciado. También la ley dice que esa renuncia está condicionada al otorgamiento de su beneficio, y el expediente que contenía su beneficio no tiene ningún elemento por el cual se pueda rechazar ya que tiene 42 años y cinco meses de antigüedad, tiene la edad necesaria y todos los requisitos cumplidos”. Aclaró que “el trámite se demoró bastante porque se le pidió un original que a otro beneficiario no se le hubiera pedido, pero que a él se le solicitó por el hecho de ser vocal del Superior Tribunal. Cuando él vino tenía todos los elementos y lo retrasamos porque faltaba un original de un lugar determinado”. 

Reiteró que “Castrillon ya está jubilado, y desde el día que está formalizada su presentación efectuó una renuncia a su trabajo y el expediente no tiene ningún elemento para ser negado, está a derecho y además se lo hizo revisar varias veces todo el trámite, no por el juicio político sino por el cargo del que se trata. Tratamos de ser cuidadosos para evitar problemas”.

 

La indagatoria

 

Se desarrolló ayer, en la Unidad Fiscal de La Paz, la indagatoria a Castrillon por los hechos violentos ocurridos en un kiosco de dicha ciudad en la madrugada del domingo 28 de marzo. A las 9:30 fue la indagatoria ante el fiscal Oscar Sobko en la causa por daños y amenazas a raíz de los incidentes en el local comercial, y a las 10:30 prestó indagatoria en el marco de la causa por amenazas coactivas, que habría efectuado contra el padre del fiscal Facundo Barboza.

Castrillon negó los hechos de los cuales se le acusa y aseveró que los propietarios del comercio habrían cambiado la escena de la pelea antes de la llegada del personal policial de Criminalística que intervino tras la denuncia.

Dos comerciantes y un empleado de un kiosco de La Paz, denunciaron por daños y amenazas al ex presidente y actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quien en la madrugada del domingo 28 de marzo protagonizó un escándalo en el comercio de calle Sáenz Peña y Belgrano, lindero a su vivienda.

Días después de la polémica, el magistrado hizo saber su versión de los hechos y expresó que cerca de las 2 solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

 

Enjuiciamiento sin efecto

 

Con la noticia confirmada de la jubilación de Castrillon, el proceso de Enjuiciamiento en la Cámara de Diputados de la provincia queda sin efecto, dado que Castrillon dejó de ser vocal del STJ y es en el marco de esa función que fue denunciado.

En la parte medular del documento presentado por Tirso Fiorotto, que se basó en gran medida en el informe periodístico, se describieron varios hechos y, en cada caso, también se ofrecieron pruebas y testimoniales.

Además de los casos más conocidos -como los episodios filmados en un drugstore de La Paz., la denuncia contra Castrillon también incluía la presentada por la vocal del STJ Susana Medina de Rizzo, lo mismo que los mensajes amenazantes que habría enviado a mujeres que integran la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura-, Fiorotto hizo hincapié en empleadas y empleados del Poder Judicial que habrían sido víctimas de los embates violentos del magistrado, tal como se reflejó en la edición impresa de Análisis.