Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
lunes 16 de septiembre de 2019

Abusos sexuales en la Iglesia argentina: hubo por lo menos 63 denuncias en los últimos 20 años

Abusos sexuales en la Iglesia argentina: hubo por lo menos 63 denuncias en los últimos 20 años

03/06/19 |

Durante muchos años, para poder dormir, Pablo Huck dejaba la radio encendida debajo de su almohada. Era uno de los mecanismos, junto con el alcohol, que utilizaba para apagar los pensamientos de furia y destrucción que lo acosaban de día y de noche. En 1993 y 1994, cuando tenía 14 años y era monaguillo de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en Villaguay, Entre Ríos, el sacerdote Marcelino Moya abusó de él en su habitación. “Es como un zarpazo que te arrastra la inocencia”, dice Pablo, que hoy tiene 40 años. Después de una larga lucha, el 5 de abril de este año Moya fue condenado a 17 años de prisión. Desde ayer, los obispos argentinos, como los de todo el mundo, tienen sobre su escritorio un flamante protocolo para actuar en casos como el de Moya. Se trata de una iniciativa histórica del papa Francisco para intentar combatir la crisis por abusos sexuales que se ha convertido en el mayor desafío de su pontificado. A partir de ahora, el encubrimiento se equiparará al abuso.

En las últimas dos décadas se conocieron decenas de casos similares. Sin embargo, es imposible establecer con certeza la dimensión del problema. ¿Cuántos Moya hay en la Argentina? Y, sobre todo, ¿cuántos Pablo? Nadie lo sabe. A diferencia de lo que ocurrió en varios países, como Estados Unidos, Chile, Irlanda, Australia o Alemania, en la Argentina nunca hubo una investigación oficial. No la hizo la Justicia y tampoco la Iglesia.

Por el contrario, la Iglesia argentina ocultó durante años a sus sacerdotes y religiosos acusados de abuso sexual. Según admite la propia Iglesia, el mecanismo implementado para este encubrimiento fueron, en muchos casos, los traslados: al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas o religiosos en su diócesis, era una práctica habitual que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento. Así se deduce del análisis de documentos y fuentes judiciales y eclesiásticas realizado por el diario La Nación.

La investigación reveló que en los últimos 20 años se comprobaron un total de 63 denuncias fundadas. En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino. De cinco de esos curas o religiosos hay denuncias de abusos en más de un lugar.

“La práctica (de los traslados de religiosos acusados) ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados. Eso está reconocido en los países donde se han hecho las investigaciones más profundas, como Estados Unidos o Alemania”, admite, en una entrevista con La Nación, Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, y coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina.

Buenanueva es el máximo responsable de lidiar con el problema dentro de la Iglesia. “(La de los abusos) es una de las crisis más graves que tiene la Iglesia en los últimos tiempos”, dice. También lo admite el Papa. “Es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar a la Iglesia”, dijo hace tres meses.

Los casos

La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco). Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12, les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.

Sin embargo, el número de casos sin denunciar es mucho mayor. “Yo no sé si hay más; seguramente no hay menos”, admite Buenanueva, al ser consultado por los 63 casos.

La investigación fue realizada por un equipo del diario La Nación que trabajó durante un año. Se consultaron juzgados, abogados defensores y querellantes, obispados, fuentes eclesiásticas y judiciales y asociaciones de víctimas. También hubo entrevistas con víctimas y con victimarios. La mayoría solo dijo que era inocente. Uno de ellos accedió a contestar mensajes por WhatsApp.

El Próvolo

El del Instituto Próvolo -en cuyas sedes de Mendoza, La Plata y Verona (Italia) la Justicia investiga una red de sacerdotes que abusaba de niños sordomudos y carenciados- es uno de los casos más contundentes de cómo funcionaba la política de traslados. En el Próvolo también se potencian el resto de las características del sistema habitual de abuso y ocultamiento: selección de víctimas indefensas (en este caso, incluso imposibilitadas de hablar para denunciar lo que les hacían) y advertencias obviadas por las autoridades eclesiásticas.

Nicola Corradi es uno de los curas acusados. Está con prisión domiciliaria y a la espera del juicio. El sacerdote estuvo hasta 1969 en el Próvolo de Verona. Allí se registraron las primeras denuncias de abusos. “Había que elegir, 'a tu casa' o 'a América'“, dice Eligio Piccoli, dijo otro de los curas acusados, ante una cámara oculta del sitio italiano Fanpage.it. Piccoli fue confinado a una vida de plegarias. Corradi, en cambio, cruzó el océano.

Según consta en la causa, llegó a la Argentina el 31 de enero de 1970. Estuvo en la sede del instituto de La Plata, donde se lo investiga por denuncias de abuso, hasta marzo de 1997. En esa fecha fue trasladado a la flamante sede Mendoza del Próvolo, donde fue su director. También está acusado de abusos allí.

Por medio de lenguaje de señas, Daniel Sgardelis, la primera víctima del Próvolo que se presentó a la Justicia en La Plata, narra su historia en un video que envió al diario La Nación. “Ingresé a los seis años y a los nueve comenzaron a abusar de mí -dice mientras gesticula con todo su cuerpo intentando transmitir el drama que atravesó-. Después les conté a mis padres acerca del abuso. Quedaron shockeados y desconcertados. Llamaron a la escuela para hablar con el cura (Corradi). Él les dijo que yo estaba mal de la cabeza, que tenía un retraso. Mi padre, sin dudarlo, le creyó, ¡y no le creyó a su propio hijo! Yo me sentí muy angustiado y frustrado. Intenté suicidarme cinco veces de diferentes maneras porque me sentía muy mal”.

Según Alberto Bochatey, arzobispo auxiliar de La Plata y vocero de la Iglesia en el caso Próvolo, “se recibía a los curas que venían de otros países sin hacer demasiada historia; hoy en día se piden informes”. Como justificación, dice que los traslados formaban parte de la cultura de la sociedad. “En los años 50, cuando había un problema familiar, se mandaba al que causaba el problema al campo. Esa era la manera de manejarse, no era solo la Iglesia”, argumenta.

En la Justicia de La Plata hay ocho denuncias, pero la fiscalía cree que hubo más damnificados.

(…)

Así como el silencio genera opresión, la difusión de casos alienta a las víctimas a romper la espiral de ocultamiento. Un valiente que se anima a hablar, coinciden varios de los consultados, es lo que los impulsó a ellos a dar el paso al frente.

“Ahora lo importante es continuar la lucha -dice Sgardelis, con su elocuente lenguaje de señas-. Todos ustedes deben escucharme, o no, como quieran, pero esta es la verdad. Ya mi vida está arruinada, pero estoy vivo, demostrando que debemos seguir luchando para que en el futuro se terminen los abusos”.

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