Sueño entrerriano: para el juez de Garantías, el MPF tiene competencia para investigar las irregularidades
El juez de Garantías de Paraná, Ricardo Bonazzola, rechazó ayer el recurso de excepción por falta de acción presentado por los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri y del ex ministro Pedro Báez, en el marco de la causa denominada “Sueño entrerriano”.
De este modo, quien ejerce la magistratura entendió que el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Gonzalo Badano que conduce la investigación, tiene competencia para perseguir delitos cometidos en la administración de gobierno. Sin embargo, los defensores consideran que todo acto administrativo que fue evaluado y aprobado por organismos de control autónomos como el Tribunal de Cuentas (TdC), Contaduría General, Fiscalía de Estado -entre otros-, no pueden quedar bajo jurisdicción del MPF.
En ese sentido, los abogados adelantaron que apelarán la determinación de Bonazzola. Para eso tienen tres días hábiles, por lo cual el plazo se extendería hasta el miércoles de la semana que viene. De modo que la discusión escalará un peldaño, a la Cámara de Juicios y Apelaciones. Y en caso de confirmarse el rechazo al recurso defensivo, recién entonces los fiscales podrán pedir una audiencia para la remisión a juicio oral, publicó Análisis Digital.
La lectura de los fundamentos se realizó ayer, y a la audiencia asistieron dos de los abogados defensores que interpusieron el recurso: Candelario Pérez (que ejerce la defensa de Urribarri junto a Raúl Barrandeguy) e Ignacio Díaz (que ejerce la defensa de Pedro Báez). Ambas defensas entienden que el Ministerio Público Fiscal no tiene autoridad para perseguir delitos en los actos administrativos de gobierno.
Lógicamente los fiscales se oponen a esa idea. Aseguran que la nueva legislación que regula el Ministerio que integran, les otorga una independencia de acción que no tenían. Y agregan que los pactos internacionales a los cuales está suscripto el país en contra de la corrupción, les da impulso para perseguir delitos cometidos en la administración pública.
El planteo de los defensores no es nuevo. De hecho, en causas juzgadas como la que involucró al ex vicegobernador Héctor Alanís y su sobrino Maximiliano, el ex secretario administrativo del Senado, José Crettón Pereyra y el ex senador radical Humberto Ré, los defensores abrieron la misma discusión y la Justicia también los rechazó, publicó Análisis Digital