Alerta en las cuentas del Estado
El nivel de recaudación de impuestos es clave en el actual contexto, dado el esquema de déficit cero adoptado por el Gobierno nacional ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). El tema no sólo constituye una alerta para los funcionarios responsables, sino que debe ser observado con atención por la sociedad, como un dato indiscutible del rumbo de la economía.
En febrero, los ingresos por la recaudación de impuestos nacionales y de la seguridad social registraron una caída de unos siete puntos porcentuales respecto de la inflación registrada en los últimos 12 meses. La recaudación de 330.891 millones de pesos –que implica una suba nominal de 40,4 por ciento en relación con febrero de 2018– supone que el Estado nacional dispondrá de menos dinero para afrontar el pago de bienes y servicios.
La baja en los ingresos nacionales también es visible en las provincias, donde –en promedio– dos de cada tres pesos de la recaudación propia están vinculados con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que comienza a registrar una baja importante por la menor actividad. En Córdoba, la baja de la recaudación en términos anuales acusó en febrero una diferencia de más de 18 puntos porcentuales.
Las perspectivas no son alentadoras. Las principales consultoras vinculadas al consumo prevén una caída, con más fuerza en el primer semestre y una moderación hacia fin de año. No obstante, la demanda privada puede retroceder en relación con 2018, que ya había registrado una baja respecto de 2017.
El Estado tendrá menos dinero para gastar en términos reales, lo que implica que la demanda agregada del sector público caerá. Ello no sólo dañará al tejido social, sino que la compra de bienes de capital o proyectos de obra pública serán demorados.
Este contexto debiera obligar a las autoridades nacionales a establecer ante la ciudadanía con precisión qué compras y qué asistencia social se privilegiarán.
De cara a las elecciones, la oposición tendría que demostrar una cuota de racionalidad y evitar las promesas grandilocuentes.
La tendencia a anunciar beneficios o coberturas sociales sin una clara fundamentación sobre su financiamiento debiera ser erradicada de las campañas electorales. La Argentina carece de crédito externo, salvo de los organismos multilaterales y contadas excepciones.
Un consumo deprimido, la actividad económica en retracción y los ingresos menguados en las arcas públicas plantean un escenario complicado, que no puede ser disimulado por el Gobierno con frases voluntaristas, ni con proyectos imposibles de parte de la oposición. La dirigencia debe responder con sensatez ante la alerta en las cuentas públicas.