La Legislatura sigue sin enviar la información que pidió la Justicia
La fiscal Anticorrupción del Poder Judicial entrerriano, Cecilia Goyeneche, solamente recibió menos del 30 por ciento de la información requerida al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri, hace cuatro meses, en el marco de la investigación judicial por la causa de los contratos legislativos truchos.
De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción sigue esperando información oficial del Poder Legislativo entrerriano, pese a que transcurrieron más de cuatro meses, desde que se empezaron a solicitar datos concretos en torno a quiénes fueron los contratados de Diputados y Senadores en los últimos diez años, después del descubrimiento del hecho de corrupción más grave de la historia de esta provincia, por lo que, en principio, se desviaron no menos de dos mil millones de pesos de la Legislatura.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, a quien se le pidió información más acotada -o sea, entre 2012 y 2018-, solamente envió información de contratos legislativos del segundo semestre de 2013 y todo 2014. Es decir, debe datos de todo 2012, 2013 y 2015, durante la administración de José Ángel Allende y Nicolás Pierini, además del período correspondiente al propio Urribarri: del 2016 al 2018.
El vicegobernador Adán Bahl ha tenido un período más amplio en el requerimiento judicial. Se le exigió el envío de información de contratos entre 2008 a 2018. Es decir, durante los períodos de José Eduardo Laurito, José Cáceres y el del propio Bahl. Pero hasta ahora, el actual presidente del Senado solamente envió data oficial de contratos de 2016 y 2018. Cabe recordar que entre el 2012 y el 2015 hubo un intenso movimiento de dinero, en la recaudación para la campaña de “Urribarri presidente”, pero también fue el período donde, por lo menos durante dos años, se instaló la mesa de dinero del Senado, que incluso se está investigando en la Fiscalía Federal de Paraná y que tiene como denunciados a Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri) y al ex ministro de Gobierno, Mauro Urribarri (hijo del ex gobernador), que eran quienes manejaban las partidas presupuestarias y los contratos “legales” y los “truchos”.