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Diario El Argentinojueves 28 de marzo de 2024
Policiales

Contratos truchos: hoy se conocerá sobre el recurso de reposición interpuesto por la fiscal Goyeneche

Contratos truchos: hoy se conocerá sobre el recurso de reposición interpuesto por la fiscal Goyeneche

Se desarrolló una audiencia ante la jueza Carolina Castagno, en el marco de la causa de los contratos truchos en la Legislatura provincial.

La instancia estuvo motivada en un recurso de reposición presentado por la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, tras la recusación en su contra que presentaron los defensores de los imputados.

En concreto, los abogados Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa plantearon que la fiscal no es objetiva en la investigación, porque denunciaron una supuesta vinculación con uno de los contadores involucrados.

Ese planteo defensivo ya tuvo una primera instancia en diciembre pasado, frente a la jueza Marina Barbagelata, quien rechazó el cuestionamiento de los defensores e hizo lugar a la reposición de Goyeneche.

Ahora, frente a Castagno, los defensores cuestionaron que la reposición no puede ser resuelta por el Procurador General, Jorge García, sino por un juez.

La audiencia empezó minutos después de las 8 de ayer. Se presentó la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que está al frente de la mentada causa por corrupción más importante de la historia provincial: los contratos truchos de la Legislatura provincial, consignó Análisis Digital.

La discusión sobre la objetividad o no de la fiscal para investigar esta causa empezó a fines del año pasado, cuando se denunció a través de la prensa una supuesta vinculación entre el marido de Goyeneche y el contador Pedro Opromolla -imputado en la causa-.

El debate suscitó versiones conspirativas encontradas y derivó en la recusación de la fiscal. Ante ese pedido de los defensores para que se aparte Goyeneche de la investigación, se contestó con un recurso de reposición. A la discusión de fondo sobre los planteos encontrados la sorteó la jueza Marina Barbagelata, que refutó la recusación e hizo lugar a la reposición.

Ahora, los mismos defensores que pidieron la recusación de Goyeneche, apelaron ante la jueza Carolina Castagno. En concreto, le plantearon a la magistrada que la reposición de Goyeneche no puede ser decidida por el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, sino que esa revalidación al frente de la investigación por los contratos debe ser decidida por un juez.

Argumentos de los

defensores

El primer abogado en argumentar el planteo fue Cappa. Dijo que “no corresponde que la recusación se tramite ante el procurador Jorge García”, porque entienden que “hay una evidente amistad entre Goyeneche y el procurador”. Para fundamentar esa supuesta “amistad”, el abogado señaló que Goyeneche fue designada fiscal Anticorrupción por el propio García, que es su superior jerárquico.

“Nada asegura a mi defendido -Ariel Faure- que el planteo recusatorio pudiese tener los fines que esta defensa persigue. Su pedido de recusación no implica no reconocer las capacidades de Goyeneche para investigar, pero en otras causas y no en esta”, subrayó.

En la alegación para cuestionar que la recusación no puede ser concretada por el procurador, el abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de Gustavo Pérez -ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado-, dijo que consideran “esencial contar con un Ministerio Público Fiscal (MPF) con ciertas características como objetividad, legalidad e imparcialidad”, entre otros.

Para Cullen, la reposición resuelta por el procurador “no pasa el filtro de constitucionalidad”. “No puede ser otro que un juez quién debe resolverlo. El procurador podrá opinar sobre el asunto, pero no puede declarar inconstitucionalidad, eso solo lo pueden hacer los jueces. Cuando se alega la contradicción con un precepto constitucional, no puede escapar de las decisiones de un juez”, subrayó el defensor y acotó que “la decisión del procurador sería una atribución que va en contra de todos los preceptos constitucionales”, y que la “facultad indelegable de decidir sobre los preceptos constitucionales es de los jueces”, publicó Análisis Digital.

“Adelantándonos a un posible fallo adverso tenemos que hacer reserva del caso federal por una cuestión de índole constitucional”, adelantó Cullen. De modo que “si se confirma el fallo de Barbagelata -advirtió el abogado-, hay una afectación a la garantía del derecho constitucional”. En el mismo sentido, el abogado cuestionó la nueva “ley del Ministerio Público Fiscal” y dijo que “ha sido sujeta de varias declaraciones de inconstitucionalidad, porque tiene un sesgo marcado de dotar al Procurador de poderes que exceden la Constitución, en un andamiaje del marco de los derechos humanos. Necesitamos preservar la objetividad del MPF y no dotarlo de un poder tan amplio que contraríe la Constitución Provincial”. “Se debe revocar fallo de Barbagelata y se debe invocar que ingrese al fondo del asunto, y que resuelva y declare la vigencia o no de las garantías constitucionales. Porque Pérez quiere ser investigado por un MPF objetivo e imparcial”, sentenció.

Argumentos de la Fiscalía

A diferencia de los defensores, la fiscal Anticorrupción consideró que no hay vulneración del derecho constitucional y que es legal que su superior jerárquico, es decir el procurador General del STJ decida sobre su reposición. Por eso pidió a Castagno que rechace el recurso de apelación de los defensores y revalide la decisión de Barbagelata.

Goyeneche retomó las palabras de la contraparte que consideró inconstitucional que la decisión de reposición pase por el procurador General y criticó que esa supuesta inconstitucionalidad no haya sido planteada “en ningún momento de este proceso”.

“Tendrían mucha dificultad para argumentar la inconstitucionalidad”, respondió y agregó que al planteo “lo vinculan a la garantía de imparcialidad”. “Es una falacia argumental de los defensores plantear que el jerárquico superior -es decir el procurador- no es competente”, remarcó.

“Señalo que el recurso -de reposición- es absolutamente formal porque de ningún modo los recurrentes han demostrado de qué manera esa garantía de la imparcialidad se ve afectada por la decisión de Barbagelata de respetar lo dispuesto por el legislador entrerriano, al asignar la competencia para resolver los planteos de recusación al superior jerárquico del fiscal que es recusado”, dijo Goyeneche.

La fiscal aseguró que los defensores intentan “confundir” sobre el fallo de Barbagelata porque sostienen que afectaría un principio constitucional en el cual deberían estar amparados Pérez y Faure que son los dos imputados recurrentes. “No se ha explicado de qué manera se afecta la imparcialidad”, marcó. Luego invitó a “estudiar la historia del Ministerio Público Fiscal como hijo de la Revolución Francesa”, porque “ayudaría a entender un poco lo disparatado del planteo”. “El Ministerio Público nace como una forma de control a la judicatura, y nace bajo la idea de autonomía respecto de la judicatura. Después, por muchos años, en base al sometimiento del Ministerio Público a los sistemas decimonónicos de Justicia -es decir de una organización anticuada-, lo que aquí puede ser un sistema inquisitivo o sistema mixto, y durante años se haya desdibujado la posición del MPF, llevó a que muchos abogados formados en esa etapa entiendan que este MPF debe ser controlado por los jueces, en el sentido de control de funcionamiento interno. Hablamos de anular la autonomía”, respondió la fiscal.

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