Sobrefacturación: pedirán cinco años y medio de cárcel para Rossi
El ex intendente de Santa Elena y ex vicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, está imputado por el supuesto delito de peculado y fraude a la Administración Pública en una causa en la que se investigó la presunta sobrefacturación en la obra de pavimentación de 20 cuadras en la localidad del Norte entrerriano, durante 2014, en el marco del Programa Más Cerca.
Casos similares existen en Larroque, donde el imputado es el ex intendente y actual diputado provincial Raúl Riganti (PJ); y en la Municipalidad de Seguí (Departamento Paraná), donde está bajo la lupa el intendente Cristian Treppo.
La investigación penal contra Rossi estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, quien a fines del año pasado pidió la remisión de la causa a juicio. Ahora se supo que el jueves, ante el juez de Garantías del distrito, Walter Carballo, será la audiencia donde se definirá si las actuaciones son elevadas a debate oral y público.
Según supo el sitio de internet Entre Ríos Ahora, en dicha audiencia el acusador público adelantará un pedido de condena para Rossi de cinco años y seis meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Además de Rossi, el fiscal pide que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones SA Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (ex secretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca), publicó Entre Ríos Ahora.
La causa se inició por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra. La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet. El letrado es también el defensor de Moreyra en una causa en la que el fiscal Alfieri lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente se inició por una denuncia de su enemigo político: Rossi.
Según la investigación de Fiscalía, durante la gestión Rossi, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Szcczech, más de 20 millones de pesos para ejecutar la pavimentación de esas veinte cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era de 18 millones de pesos y el mínimo, de 14 millones de pesos.
El monto del perjuicio al erario público, calcula la Fiscalía, tiene un monto máximo superior a los cinco millones de pesos y un mínimo de más de un millón de pesos. La fiscalía considera que para lograr esa operación hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora.
Reclamo civil
A la causa penal se le suma una civil. Y es que el abogado del Municipio de Santa Elena, Guillermo Mulet, presentó una demanda civil contra el ex intendente Rossi en la que se le reclama el pago de 10 millones de pesos en concepto de reparación por los supuestos daños en la obra de pavimentación de 20 cuadras.
Cabe recordar que Rossi fue condenado en 2006 por el delito de enriquecimiento ilícito; y 12 años después se le abrió una nueva causa, junto a su esposa y ex diputada Patricia Díaz, por el mismo delito.
La investigación está a cargo del fiscal de Paraná, Álvaro Piérola, quien busca supuestas cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay. Desde que el caso se abrió en 2016, tras una publicación de la revista Análisis, Rossi ha intentado ser sobreseído, pero sólo ha cosechado resoluciones adversas.
El pedido se lo rechazó en primera instancia el juez de Garantías José Eduardo Ruhl y, el pasado 5 de febrero, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, confirmó la decisión del magistrado inferior.
“Es imposible sobreseer a alguien que no ha sido imputado o indagado. Tampoco podría ordenar a los fiscales a que desistan de la investigación penal. No son los jueces quienes deben investigar los hechos, orientar las pesquisas y opinar acerca de cuestiones de política criminal que están exclusivamente en cabeza del Procurador General. La Procuración puede investigar los hechos en la medida en que no estén prescriptos. Lo que no puede hacer es alongar antojadizamente y sin motivo alguno el proceso con el fin de mantener en la parrilla a un ciudadano. Es decir, no puedo sobreseer ni a Rossi ni a Díaz, pero tampoco puedo ordenar que cese la investigación”, explicó Vírgala en la audiencia de principios de mes.