Los asambleístas se preparan para la audiciencia del viernes
Los diez asambleístas que deben comparecer ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmaron que asistirán a esa instancia el 15 de octubre, acompañados –como es de rigor- por sus abogados defensores.
A continuación se ofrece una guía sobre las perspectivas y el contexto de esta instancia judicial que fue promovida por el Estado nacional “en un afán de criminalizar la protesta social” como definió el abogado y querellado Osvaldo Fernández.
* ¿Cómo será la audiencia?
La audiencia será oral y pública. Transcurrirá en la Sala de Audiencia de la Cámara Federal de Paraná y comenzará a las 8:30.
* ¿Quiénes participarán?
El rol fundamental lo lleva el fiscal de Cámara, Ricardo Carlos María Álvarez, quien a su vez es el titular de la Unidad Fiscal Ambiental. Los diez asambleístas querellados por el gobierno nacional: Juan Ferrari, Paola Robles, José Gómez, Osvaldo Fernández, Sira Muñoz, Ana Costa, Jorge Fritzler, Cristina Limba, Víctor Limba y Alejandra Crimella. Más los diez abogados defensores y los tres jueces camaristas.
* ¿Por qué el fiscal de la Cámara de Apelaciones tiene un rol fundamental?
Porque tendrá que sostener la apelación que interpuso la fiscal ad hoc de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, que reemplazó a la doctora María de los Milagros Squivo.
* ¿Qué apela la fiscal Neyra?
Básicamente, el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que rechazó el pedido que hizo el Gobierno nacional a través de una denuncia contra los diez asambleístas. La denuncia había sido presentada por el Procurador General del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha.
* ¿Qué dice la denuncia?
La denuncia consistió en catorce delitos a través de 18 hechos ocurridos desde el 2006 en adelante, todos en la ruta internacional 136. Respecto de los 14 delitos, el juez Pimentel se pronunció solamente en uno sólo, que es la interrupción del tránsito en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136. Y dejó en suspenso todos los demás por falta de pruebas. Por otra parte, el fiscal Da Rocha –siguiendo instrucciones de Casa Rosada- hizo reserva para constituirse como actor civil. Esto es plata y se presentó como querellante. Da Rocha solicita que se llame a indagatoria por los 14 delitos. El juez Pimentel lo aceptó como querellante particular, y de los 14 delitos dejó trece en suspenso y tomó únicamente la interrupción del tránsito. Respecto del único delito que se pronunció, el juez Pimentel dice que no hizo lugar a la indagatoria porque los denunciados actuaron bajo una casual que excluye la culpabilidad “por error de prohibición o ignorancia”. Además el juez pone en contexto el corte de ruta y agrega que la Legislatura entrerriana declaró a Arroyo Verde como Paraje Histórico y Cultural, que el Estado argentino al contestar el reclamo uruguayo en el Tribunal del Mercosur dijo que los asambleístas ejercían el legítimo derecho de protesta e incluso se rechazó la medida cautelar que interpuso Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las mismas razones. Por otra parte, el juez tuvo en cuenta que los asambleístas siempre sostuvieron que actuaron en defensa de la vida y la salud, que tiene más jerarquía que el derecho al tránsito.
* La apelación de la fiscal
Ante esto, la fiscal ad hoc Daniela Neyra apeló en dos sentidos: por un lado dice que no hay ignorancia de los asambleístas y sostiene que el juez debió sobreseer o disponer el archivo de la causa. Según ella hay un defecto formal de procedimiento, y argumenta también que Pimentel pre juzgó. Por eso la causa se eleva a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Allí el Fiscal de Cámara, Álvarez, ratificó y sostuvo la apelación y le dio continuidad al procedimiento. Por eso los jueces de la Cámara convocaron a la audiencia oral y pública para el 15 de octubre, donde el fiscal tendrá que sostener su postura.
* Los asambleístas
Cada uno de los diez denunciados, podrán exponer solamente a través de sus abogados defensores. Es decir, hablarán solamente los abogados. La única excepción es la de Osvaldo Fernández que se defiende así mismo, aunque tiene un codefensor que es Daniel Garbino.
Luego de que los asambleístas finalicen su exposición, el fiscal si quiere puede hacer uso de la réplica a cada uno o en forma general. Luego, cada uno de los abogados que hicieron uso de la palabra, podrán hacer su dúplica, es decir, volver a contestarle al fiscal.
* ¿Los jueces pueden preguntar?
Sí. Los jueces si quieren pueden hacer preguntas. Hasta ahora, en dos años que se aplica este procedimiento, nunca hicieron uso del derecho a preguntar en ninguna causa. Pero el derecho está y es aplicable.
* ¿Qué pasa una vez finalizada la audiencia?
Cuando la audiencia finalice, los camaristas podrían retirarse a deliberar y resolver o tomarse un plazo de cinco días hábiles para decidir. Se especula que se tomarán los cinco días hábiles.
* ¿Qué puede resolver la Cámara Federal de Apelaciones?
Puede tomar dos caminos. Rechaza la apelación. Entonces, la causa vuelve a Concepción del Uruguay y se archiva esa denuncia específica.
Pero también puede hacer lugar a la apelación. En ese caso, el expediente también regresa a Concepción del Uruguay, pero lo apartan al juez Pimentel (porque fue pedido por la fiscal) y llaman en consecuencia a indagatoria a los diez asambleístas. El apartamiento del juez Pimentel implica que en las casi cincuenta indagatorias que pesan sobre los asambleísta también tendrá que apartarse.
Es necesario recordar que la embestida del Gobierno nacional es netamente persecutoria. A estos primeros diez asambleístas, se le suman otros quince más que fueron citados respecto del corte de ruta del 5 de septiembre de este año. También se suman otros cinco asambleístas por el corte del día 12 de septiembre (Domato, Marchioli, Villagra, Dargains y el ex concejal del PI Oscar Lupi) y la ampliación para Echeverría, Barrios, Robles y Vilche. Eso no es todo, porque hay otras cinco ampliaciones respecto del corte del 19 de septiembre que involucra a Barrios, a Juan Ferrari, a Paola Robles, a Vilche, Melnik, Frías y Giusto. Pero también hay otros cinco asambleístas más por el corte del 26 de septiembre, en el que están implicados Atilio Conrado Cagnoli, Juan Luis Ferrari (no confundir con el dirigente de la Federación Agraria Argentina), Francisco Jaime, Juan José Cruz, María Mevia Segovia y la ampliación para Robles, Barrios, Domato, Frías y Marchioli. La primera audiencia está prevista para el 3 de noviembre en Concepción del Uruguay y la última tiene fecha el 29 de diciembre.
Para Osvaldo Fernández está clara la estrategia del gobierno nacional, “de buscar en esta catarata de causas atemorizar y distraer”.
El abogado y asambleísta sostuvo que “el temor ya está instalado entre los asambleístas y que la maniobra de distracción también está rindiendo sus frutos porque hasta fin de año deberán concurrir semanalmente a Concepción del Uruguay”.
“Mientras los asambleístas debemos peregrinar por los tribunales, Néstor Kirchner, como un gran cobarde, no quiso recibir a la Asamblea cuando visitó Gualeguaychú”, criticó Fernández, quien aclaró que la audiencia fue pedida de manera formal por escrito el 16 de septiembre ante la secretaria del intendente Juan José Bahillo.
La mega causa lleva como número 56200. Pero además la Justicia Federal investiga la caravana y el corte al tránsito en la ruta nacional 14 realizado el 30 de mayo (causa Nº 9303) donde hay doce asambleístas individualizados. Esta causa está en manos del juez Pimentel y se estima que podría haber novedades en los próximos días.
Además está la denuncia que hicieron los 56 vecinos de Gualeguaychú contra los asambleístas. También existe la denuncia que se hizo en febrero de este año por parte de Robert Winter, ciudadano uruguayo radicado en Escobar, provincia de Buenos Aires (causa Nº 9167). Y la causa en la que se investiga la muerte de Walter Malucci ocurrida en abril de 2008 (causa Nº 8976).
Para los asambleístas está claro que toda la estrategia apunta a criminalizar la protesta social. Y en ese marco se preguntan por qué la Justicia no citó al actual gobernador Sergio Urribarri, quien en el 2007 en plena campaña electoral fue al corte de ruta de Arroyo Verde a alentar la medida que se llevaba adelante. “Y como él, tantos funcionarios oficialistas que han acompañado los cortes de ruta o han participado de nuestras marchas”, aseveró Osvaldo Fernández.
* ¿Cómo será la audiencia?
La audiencia será oral y pública. Transcurrirá en la Sala de Audiencia de la Cámara Federal de Paraná y comenzará a las 8:30.
* ¿Quiénes participarán?
El rol fundamental lo lleva el fiscal de Cámara, Ricardo Carlos María Álvarez, quien a su vez es el titular de la Unidad Fiscal Ambiental. Los diez asambleístas querellados por el gobierno nacional: Juan Ferrari, Paola Robles, José Gómez, Osvaldo Fernández, Sira Muñoz, Ana Costa, Jorge Fritzler, Cristina Limba, Víctor Limba y Alejandra Crimella. Más los diez abogados defensores y los tres jueces camaristas.
* ¿Por qué el fiscal de la Cámara de Apelaciones tiene un rol fundamental?
Porque tendrá que sostener la apelación que interpuso la fiscal ad hoc de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, que reemplazó a la doctora María de los Milagros Squivo.
* ¿Qué apela la fiscal Neyra?
Básicamente, el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que rechazó el pedido que hizo el Gobierno nacional a través de una denuncia contra los diez asambleístas. La denuncia había sido presentada por el Procurador General del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha.
* ¿Qué dice la denuncia?
La denuncia consistió en catorce delitos a través de 18 hechos ocurridos desde el 2006 en adelante, todos en la ruta internacional 136. Respecto de los 14 delitos, el juez Pimentel se pronunció solamente en uno sólo, que es la interrupción del tránsito en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136. Y dejó en suspenso todos los demás por falta de pruebas. Por otra parte, el fiscal Da Rocha –siguiendo instrucciones de Casa Rosada- hizo reserva para constituirse como actor civil. Esto es plata y se presentó como querellante. Da Rocha solicita que se llame a indagatoria por los 14 delitos. El juez Pimentel lo aceptó como querellante particular, y de los 14 delitos dejó trece en suspenso y tomó únicamente la interrupción del tránsito. Respecto del único delito que se pronunció, el juez Pimentel dice que no hizo lugar a la indagatoria porque los denunciados actuaron bajo una casual que excluye la culpabilidad “por error de prohibición o ignorancia”. Además el juez pone en contexto el corte de ruta y agrega que la Legislatura entrerriana declaró a Arroyo Verde como Paraje Histórico y Cultural, que el Estado argentino al contestar el reclamo uruguayo en el Tribunal del Mercosur dijo que los asambleístas ejercían el legítimo derecho de protesta e incluso se rechazó la medida cautelar que interpuso Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las mismas razones. Por otra parte, el juez tuvo en cuenta que los asambleístas siempre sostuvieron que actuaron en defensa de la vida y la salud, que tiene más jerarquía que el derecho al tránsito.
* La apelación de la fiscal
Ante esto, la fiscal ad hoc Daniela Neyra apeló en dos sentidos: por un lado dice que no hay ignorancia de los asambleístas y sostiene que el juez debió sobreseer o disponer el archivo de la causa. Según ella hay un defecto formal de procedimiento, y argumenta también que Pimentel pre juzgó. Por eso la causa se eleva a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Allí el Fiscal de Cámara, Álvarez, ratificó y sostuvo la apelación y le dio continuidad al procedimiento. Por eso los jueces de la Cámara convocaron a la audiencia oral y pública para el 15 de octubre, donde el fiscal tendrá que sostener su postura.
* Los asambleístas
Cada uno de los diez denunciados, podrán exponer solamente a través de sus abogados defensores. Es decir, hablarán solamente los abogados. La única excepción es la de Osvaldo Fernández que se defiende así mismo, aunque tiene un codefensor que es Daniel Garbino.
Luego de que los asambleístas finalicen su exposición, el fiscal si quiere puede hacer uso de la réplica a cada uno o en forma general. Luego, cada uno de los abogados que hicieron uso de la palabra, podrán hacer su dúplica, es decir, volver a contestarle al fiscal.
* ¿Los jueces pueden preguntar?
Sí. Los jueces si quieren pueden hacer preguntas. Hasta ahora, en dos años que se aplica este procedimiento, nunca hicieron uso del derecho a preguntar en ninguna causa. Pero el derecho está y es aplicable.
* ¿Qué pasa una vez finalizada la audiencia?
Cuando la audiencia finalice, los camaristas podrían retirarse a deliberar y resolver o tomarse un plazo de cinco días hábiles para decidir. Se especula que se tomarán los cinco días hábiles.
* ¿Qué puede resolver la Cámara Federal de Apelaciones?
Puede tomar dos caminos. Rechaza la apelación. Entonces, la causa vuelve a Concepción del Uruguay y se archiva esa denuncia específica.
Pero también puede hacer lugar a la apelación. En ese caso, el expediente también regresa a Concepción del Uruguay, pero lo apartan al juez Pimentel (porque fue pedido por la fiscal) y llaman en consecuencia a indagatoria a los diez asambleístas. El apartamiento del juez Pimentel implica que en las casi cincuenta indagatorias que pesan sobre los asambleísta también tendrá que apartarse.
Es necesario recordar que la embestida del Gobierno nacional es netamente persecutoria. A estos primeros diez asambleístas, se le suman otros quince más que fueron citados respecto del corte de ruta del 5 de septiembre de este año. También se suman otros cinco asambleístas por el corte del día 12 de septiembre (Domato, Marchioli, Villagra, Dargains y el ex concejal del PI Oscar Lupi) y la ampliación para Echeverría, Barrios, Robles y Vilche. Eso no es todo, porque hay otras cinco ampliaciones respecto del corte del 19 de septiembre que involucra a Barrios, a Juan Ferrari, a Paola Robles, a Vilche, Melnik, Frías y Giusto. Pero también hay otros cinco asambleístas más por el corte del 26 de septiembre, en el que están implicados Atilio Conrado Cagnoli, Juan Luis Ferrari (no confundir con el dirigente de la Federación Agraria Argentina), Francisco Jaime, Juan José Cruz, María Mevia Segovia y la ampliación para Robles, Barrios, Domato, Frías y Marchioli. La primera audiencia está prevista para el 3 de noviembre en Concepción del Uruguay y la última tiene fecha el 29 de diciembre.
Para Osvaldo Fernández está clara la estrategia del gobierno nacional, “de buscar en esta catarata de causas atemorizar y distraer”.
El abogado y asambleísta sostuvo que “el temor ya está instalado entre los asambleístas y que la maniobra de distracción también está rindiendo sus frutos porque hasta fin de año deberán concurrir semanalmente a Concepción del Uruguay”.
“Mientras los asambleístas debemos peregrinar por los tribunales, Néstor Kirchner, como un gran cobarde, no quiso recibir a la Asamblea cuando visitó Gualeguaychú”, criticó Fernández, quien aclaró que la audiencia fue pedida de manera formal por escrito el 16 de septiembre ante la secretaria del intendente Juan José Bahillo.
La mega causa lleva como número 56200. Pero además la Justicia Federal investiga la caravana y el corte al tránsito en la ruta nacional 14 realizado el 30 de mayo (causa Nº 9303) donde hay doce asambleístas individualizados. Esta causa está en manos del juez Pimentel y se estima que podría haber novedades en los próximos días.
Además está la denuncia que hicieron los 56 vecinos de Gualeguaychú contra los asambleístas. También existe la denuncia que se hizo en febrero de este año por parte de Robert Winter, ciudadano uruguayo radicado en Escobar, provincia de Buenos Aires (causa Nº 9167). Y la causa en la que se investiga la muerte de Walter Malucci ocurrida en abril de 2008 (causa Nº 8976).
Para los asambleístas está claro que toda la estrategia apunta a criminalizar la protesta social. Y en ese marco se preguntan por qué la Justicia no citó al actual gobernador Sergio Urribarri, quien en el 2007 en plena campaña electoral fue al corte de ruta de Arroyo Verde a alentar la medida que se llevaba adelante. “Y como él, tantos funcionarios oficialistas que han acompañado los cortes de ruta o han participado de nuestras marchas”, aseveró Osvaldo Fernández.
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