Un grupo de uruguayos se movilizó contra el corte
Mate, música y castillos inflables fue la metodología que escogió un grupo de fraybentinos que el último domingo se manifestó en esa ciudad contra el corte de Arroyo Verde. Unos 30 uruguayos pidieron el fin de la medida que lleva adelante la Asamblea Ciudadana para poner fin a las bocanadas contaminantes de una industria de celulosa que se instaló de manera legal en las márgenes del río Uruguay.
En este contexto, el intendente reelecto de Río Negro, Omar Lafluf, se reunió en los últimos días con representantes de los uruguayos que presuntamente fueron afectados por el corte de ruta. En la oportunidad, el funcionario brindó información y la opinión de varios expertos sobre la viabilidad de plantear demandas por daños y perjuicios.
Criminalización de la protesta
El funcionario uruguayo se aprovecha de algún modo de la “criminalización” del derecho a la protesta que días atrás inició la administración Kirchner ante la Justicia por impedir la circulación en el kilómetro 28 de la ruta 136.
Esa audaz ofensiva de una gestión contra ciudadanos ordinarios que viven una situación extraordinaria desde hace siete años implica una nueva etapa en la larga batalla de un pueblo para preservar su derecho a vivir en un medio ambiente sano. El nuevo escenario genera mayor tensión entre un gobierno elegido por el pueblo y ese mismo pueblo, lo mismo que profundiza las diferencias entre un grupo de la comunidad y los depositarios de la lucha ambiental.
En definitiva, el Estado argentino parece envidiar el modelo forestal uruguayo, intentando censurar las manifestaciones de una comunidad que vindica la salud pública contra el apetito voraz de las multinacionales que controlan el negocio de la pasta de celulosa.
El Gobierno Nacional repite lo que se vivió hace pocos años del otro lado de la Cordillera, donde la indignación de las comunidades mapuches contra el modelo forestal que irrumpió en sus tierras fue cuestionado desde el gobierno de turno. Cientos de integrantes de esas culturas ancestrales fueron perseguidos, detenidos, procesados y condenados por el simple hecho de intentar frenar la expansión y las graves consecuencias de la contaminación que traen aparejados los modelos industriales más contaminantes del mundo, entre los que se cuentan las celulosas.
Como en el caso chileno, el Gobierno se suma al Ministerio Público y ponen en movimiento las fuerzas de seguridad hacia la búsqueda de delitos que jamás fueron cometidos. El objetivo es criminalizar y reprimir la disidencia que ese mismo Gobierno había adulado años antes al considerar que el conflicto por la ilegal Botnia era una causa nacional. Las denuncias del Ejecutivo en los juzgados federales no persiguen otro objetivo que el de conducir un movimiento social reconocido en el mundo hacia la renuncia, impidiendo sus derechos democráticos a la asociación, a la reunión, a la libre expresión de las opiniones y el derecho de protesta.
Aunque el Gobierno se manifiesta contrario a la represión, sin embargo, activó una ley de la dictadura para querellar a los asambleístas. Apeló al artículo 4 de la Ley 17.516 de octubre de 1967 que nació bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, para sustentar las razones jurídicas y querellar a algunos miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental. Toda una contradicción para un gobierno democrático, que enarbola las banderas de la defensa de los Derechos Humanos.
Para profundizar, en esa Ley de Onganía se habilita al Estado para que asuma “el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública”. Pues bien, los asambleístas fueron denunciados por homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, daños a los bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad, entre otros, figuras y leyes que germinaron en períodos oscuros pero que siguen vigentes en períodos democráticos.
Movimientos como los del pueblo de Gualeguaychú contra la ilegal Botnia son el único enemigo de los poderes económicos impulsados por los Estados a favor de esos intereses privados.
Inversiones sustanciosas
Para ilustrar basta citar el Tratado de protección a las inversiones con Finlandia que rubricaron la Argentina y el Uruguay de manera individual. Por ese Tratado, el vecino país está obligado a resarcir a la ilegal Botnia en caso de que se dé una huelga de trabajadores de la planta, y en caso de duda siempre prevalece la versión en inglés, es decir, la que resguardan los finlandeses.
Todo destinado a proteger un negocio sustancioso para los gobiernos y las multinacionales del papel sin importar el alto precio que deban pagar las comunidades que descansan sobre las riberas del río Uruguay. La producción de Botnia es una verdadera mina de oro. En mayo pasado, la tonelada de pasta de celulosa se cotizaba en el mercado europeo a 588 dólares. El 13 de abril de 2010, superaba los 918 dólares, pero “el costo de producir una tonelada en Botnia sería de no más de 300 dólares la tonelada, lo que lleva a una rentabilidad cercana a 600 dólares la tonelada” (Ámbito Financiero, 22/10). Siguiendo este razonamiento, se estima que produciendo aproximadamente 1.100 toneladas anuales, la planta que costó 1.200 millones de dólares estaría prácticamente pagada con la ganancia de dos años.
Criminalización de la protesta
El funcionario uruguayo se aprovecha de algún modo de la “criminalización” del derecho a la protesta que días atrás inició la administración Kirchner ante la Justicia por impedir la circulación en el kilómetro 28 de la ruta 136.
Esa audaz ofensiva de una gestión contra ciudadanos ordinarios que viven una situación extraordinaria desde hace siete años implica una nueva etapa en la larga batalla de un pueblo para preservar su derecho a vivir en un medio ambiente sano. El nuevo escenario genera mayor tensión entre un gobierno elegido por el pueblo y ese mismo pueblo, lo mismo que profundiza las diferencias entre un grupo de la comunidad y los depositarios de la lucha ambiental.
En definitiva, el Estado argentino parece envidiar el modelo forestal uruguayo, intentando censurar las manifestaciones de una comunidad que vindica la salud pública contra el apetito voraz de las multinacionales que controlan el negocio de la pasta de celulosa.
El Gobierno Nacional repite lo que se vivió hace pocos años del otro lado de la Cordillera, donde la indignación de las comunidades mapuches contra el modelo forestal que irrumpió en sus tierras fue cuestionado desde el gobierno de turno. Cientos de integrantes de esas culturas ancestrales fueron perseguidos, detenidos, procesados y condenados por el simple hecho de intentar frenar la expansión y las graves consecuencias de la contaminación que traen aparejados los modelos industriales más contaminantes del mundo, entre los que se cuentan las celulosas.
Como en el caso chileno, el Gobierno se suma al Ministerio Público y ponen en movimiento las fuerzas de seguridad hacia la búsqueda de delitos que jamás fueron cometidos. El objetivo es criminalizar y reprimir la disidencia que ese mismo Gobierno había adulado años antes al considerar que el conflicto por la ilegal Botnia era una causa nacional. Las denuncias del Ejecutivo en los juzgados federales no persiguen otro objetivo que el de conducir un movimiento social reconocido en el mundo hacia la renuncia, impidiendo sus derechos democráticos a la asociación, a la reunión, a la libre expresión de las opiniones y el derecho de protesta.
Aunque el Gobierno se manifiesta contrario a la represión, sin embargo, activó una ley de la dictadura para querellar a los asambleístas. Apeló al artículo 4 de la Ley 17.516 de octubre de 1967 que nació bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, para sustentar las razones jurídicas y querellar a algunos miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental. Toda una contradicción para un gobierno democrático, que enarbola las banderas de la defensa de los Derechos Humanos.
Para profundizar, en esa Ley de Onganía se habilita al Estado para que asuma “el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública”. Pues bien, los asambleístas fueron denunciados por homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, daños a los bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad, entre otros, figuras y leyes que germinaron en períodos oscuros pero que siguen vigentes en períodos democráticos.
Movimientos como los del pueblo de Gualeguaychú contra la ilegal Botnia son el único enemigo de los poderes económicos impulsados por los Estados a favor de esos intereses privados.
Inversiones sustanciosas
Para ilustrar basta citar el Tratado de protección a las inversiones con Finlandia que rubricaron la Argentina y el Uruguay de manera individual. Por ese Tratado, el vecino país está obligado a resarcir a la ilegal Botnia en caso de que se dé una huelga de trabajadores de la planta, y en caso de duda siempre prevalece la versión en inglés, es decir, la que resguardan los finlandeses.
Todo destinado a proteger un negocio sustancioso para los gobiernos y las multinacionales del papel sin importar el alto precio que deban pagar las comunidades que descansan sobre las riberas del río Uruguay. La producción de Botnia es una verdadera mina de oro. En mayo pasado, la tonelada de pasta de celulosa se cotizaba en el mercado europeo a 588 dólares. El 13 de abril de 2010, superaba los 918 dólares, pero “el costo de producir una tonelada en Botnia sería de no más de 300 dólares la tonelada, lo que lleva a una rentabilidad cercana a 600 dólares la tonelada” (Ámbito Financiero, 22/10). Siguiendo este razonamiento, se estima que produciendo aproximadamente 1.100 toneladas anuales, la planta que costó 1.200 millones de dólares estaría prácticamente pagada con la ganancia de dos años.
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