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La rosca de los enganchados
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Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
Se suele denominar “rosca” a la “habilidad” que tienen algunas personas o sectores para lograr acuerdos, a través de negociaciones que les permite sostener la cuota de decisión; evitar perder privilegios y continuar gozando de las “mieles” del poder.
El Poder Judicial de Entre Ríos es un maestro en “rosquear”, mucho más que avezados legisladores, sindicalistas y políticos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo emitir un comunicado de prensa en la que da cuenta que ayer se reunió con representantes de la magistratura y trabajadores. El encuentro fue en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal “durante la cual se analizó, como es de conocimiento público, la situación económica del país y su impacto en el servicio de justicia”, reza el escueto comunicado, escrito en clave casi enigmática.
De la misma participaron, el flamante presidente del STJ, Martín Carbonell; los vocales Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Juan Ramón Smaldone y Miguel Ángel Giorgio; el Procurador General, Jorge Amílcar García; el Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; y representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).
“En ese contexto –señala el comunicado- los integrantes del Poder Judicial provincial y organizaciones de la magistratura y empleados judiciales acordaron continuar con las conversaciones en el marco del debate de política salarial que hoy se está analizando”.
La rosca de los privilegiados
La rosca de los enganchados comenzó a desbrozar el escenario para futuros “acuerdos”. Y lo hacen sabiendo que en Entre Ríos los únicos privilegiados son los del Poder Judicial, tal como se podría traducir aquel antiguo axioma justicialista.
¿Cuál es el marco de política salarial que hoy se está analizando?
La respuesta es simple: no es otra que la Ley de Enganche (Ley N° 10.068) de la que goza el Poder Judicial de Entre Ríos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, privilegio que –obviamente- no están dispuestos a perder, ni siquiera en tiempos donde se debe ejercer más que nunca la solidaridad frente al hambre y la necesidad ajena.
No es secreto para nadie que el gobernador Gustavo Bordet tiene intenciones de derogar la ley que establece el aumento salarial automático para los integrantes del Poder Judicial. Y junto con ello, establecer un límite en la edad para jubilarse, especialmente de los vocales del STJ. Dicho sea de paso, la inmensa mayoría debería haberse jubilado hace muchos años, pero la tentación de servirse del poder es más fuerte.
Pero lo más sensible que se está analizando al nivel de rosca, es esta posibilidad de perder la Ley de Enganche.
Fuentes que participaron en la reunión de ayer, confiaron a EL ARGENTINO que el Poder Judicial le hará saber al gobernador “que se amotinarán si ven una amenaza a las conquistas alcanzadas”. En buen romance, no están dispuestos a perder el privilegio de la Ley de Enganche. La misma fuente confesó a manera de desafío: “Ya hemos estudiado el fundamento para hacer valer los derechos adquiridos que tenemos en el Poder Judicial. Con nosotros, Bordet no podrá avanzar”.
Después de todo, los jueces y especialmente los vocales del STJ, saben a conciencia que fue gracias al ex gobernador Sergio Urribarri que consiguieron el privilegio de la Ley de Enganche. Ahora se puede entender un poco mejor algunas decisiones “judiciales”.
En Argentina se registra una tremenda crisis económica (se vive en la realidad y además hay una ley nacional), y se dice de manera casi pedagógica que la lógica es que colaboren los que más reciben. Pero este concepto, está muy lejos de la Justicia entrerriana.