Impulsan importantes reformas a la Ley de Ejecución de Penas

El Poder Ejecutivo impulsa reformas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cuyo antecedente es la Ley Nº 9.246 de 2000, teniendo en cuenta la mayor demanda a los jueces y a los equipos técnicos por parte de las personas privadas de su libertad, lo que justificaría la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado.

En la actualidad funcionan en la provincia dos juzgados de Ejecución de Penas: uno con asiento en Paraná, a cargo de Cecilia Bértora, que tiene competencia territorial en los siguientes Departamentos: Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Villaguay, Nogoyá y Rosario del Tala. La restante dependencia judicial se encuentra en Gualeguaychú, conducido por el cuestionado magistrado Carlos Rossi, quien enfrenta un pedido de jury por haberle otorgado una salida transitoria al principal sospechoso del femicidio de Micaela García, consignó el diario Uno de Paraná.   El proyecto de ley alienta la creación de un tercer Juzgado en Concordia que contará con un equipo profesional interdisciplinario designado por concurso. Entre las modificaciones más sustanciales que aparecen en el texto está la creación de establecimientos penitenciarios mixtos (Artículo 9°) que estará bajo la dirección de “una funcionaria encargada” y en este punto se aclara que “ningún funcionario del sexo masculino podrá ingresar al pabellón de mujeres si no va acompañado por una funcionaria”.

Otras de las novedades que depara la iniciativa –según el diario Uno de Paraná- que fue notificada en el Senado, pero que ingresó por la Cámara de Diputados, quedó plasmada en el Artículo 13° donde se estipula una mayor participación de las víctimas. “La víctima o quien acredite un interés legítimo en el proceso de ejecución deberá ser informado, a su solicitud, de las vicisitudes del cumplimiento de la pena por el interno y particularmente del régimen de salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida”, consigna el proyecto.

La discusión legislativa en cuanto a este tema que promete ser central, primero se dará en la Cámara baja, aunque para ello habrá que esperar después de las elecciones del 22 de octubre. En cuanto a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, el Artículo 24° dispone la creación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de tres fiscalías y tres defensorías respectivamente; las que tendrán competencia material en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y competencia territorial en la jurisdicción de cada uno de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

 

“Las unidades están desbordadas”

 

En las audiencias públicas los postulantes que desfilaron por el Senado para que se les preste acuerdo, coincidieron en la necesidad de una revisión del sistema penitenciario. Así, por ejemplo, la fiscal coordinadora de Paraná, Carolina Castagno, brindó su punto de vista sobre el funcionamiento de las unidades penales. “Las unidades están desbordadas, es preocupante”, advirtió. Mencionó que a la fecha hay 2.061 internos, que supera ampliamente la capacidad real estimada del sistema.

“Creo que no se cumple cabalmente la manda constitucional porque se aloja a una persona en situaciones que no son las más correctas”, aseveró la letrada, comentando los esfuerzos hechos para mejorar los perfiles de las cárceles entrerrianas.

Las modificaciones

“En este sentido es dable aclarar que se modifica la competencia de los actuales juzgados a fin de favorecer como se dijo los principios de inmediatez y celeridad, ya que no es razonable por ejemplo que el juez de Paraná sea competente en Gualeguay, cuando el juez de Gualeguaychú se encuentra a pocos kilómetros de esa Unidad Penal”, se sostiene en uno de sus párrafos del proyecto legislativo.

“Por otra parte, pero en orden a los mismos principios, actualmente la cárcel de Federal se encuentra a más de 300 kilómetros del juez competente, mientras que con la integración propuesta estaría a cien kilómetros aproximadamente de Concordia”, grafica el texto.

 

Demanda y recursos

 

Fuentes allegadas al Poder Judicial revelaron datos que visibilizan el papel de los juzgados de Ejecución de Penas en Entre Ríos. Para graficar esta realidad bastan algunas cifras que son por demás elocuentes: en el Juzgado de Ejecución de Paraná en cuatro años se duplicó la cantidad de internos asistidos; se pasó de 550 a mil reclusos, lo que implicó una importante recarga de trabajo en este organismo.

En la mayoría de los casos cumplen una pena de corta duración. Esto habla de la falta de recursos y de inversión en un tema de mucha sensibilidad.