El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de régimen penal juvenil tras las elecciones

 

"Hay un proyecto que seguramente después de las elecciones sea enviado al Congreso", adelantó Garavano en una conferencia de prensa que realizó luego del acto de entrega de 20 millones de pesos por parte del gobierno nacional al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, destinado a los institutos de menores provinciales.

Garavano adujo que la iniciativa "forma parte del proceso que tiene que ver con mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal", y añadió que "nosotros siempre pensamos en un abordaje integral".

"No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal", remarcó.

Dijo además que en la elaboración del proyecto "estamos coordinando con (los ministerios de) Desarrollo Social y con Seguridad, y esperamos poder también abrir luego con el resto de las jurisdicciones".

"En esto la provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más crítica en esta materia", aseveró, y evaluó que, en este sentido, "la opinión de la provincia de Buenos Aires va a ser clave para esta ley nacional".

En esta línea, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, aseguró que "la provincia tiene un régimen penal juvenil que sigue los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y que da todas las garantías".

"Nosotros tenemos el programa Autonomía Joven en el que trabajamos el último año de la condena para que esos chicos, cuando salen del régimen penal juvenil, tengan la posibilidad de insertarse y no vuelvan al sistema adulto en pocos meses, como solía pasar", destacó.

Garavano y López Medrano firmaron un convenio con el fin de garantizar "el estricto respeto de los derechos humanos de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal", publicó Ámbito.

Garavano se comprometió a erogar 20 millones de pesos para financiar las obras que se ejecutarán a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que tiene a su cargo los centros de alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil en territorio bonaerense.