Provincia volvió a ordenar el cese total de las obras del barrio fluvial Amarras

 

 

En la carta documento también se aclara que el cese de las obras deberá operar hasta tanto quede resuelto el recurso de apelación jerárquico, que en su momento interpueso la Municipalidad de Gualeguaychú.

La información fue confirmada a EL ARGENTINO ayer por la tarde por el área de Comunicación de la Gobernación.

El emprendimiento Amarras que impulsa Altos de Unzué junto con la Municipalidad de Pueblo General Belgrano ha experimentado distintos grados de avances a fuerza de los hechos consumados, violentando la paz social de los vecinos ribereños al río Gualeguaychú y que en su momento se ha expresado a través de innumerables movilizaciones de protestas.

Es oportuno recordar que la actual administración municipal de Gualeguaychú, remitió una carta documento a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, donde rechazaba la decisión del intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico, quien aprobó el Decreto 415/16 por el cual otorgó a Altos de Unzué “permiso de obra para dar continuidad al emprendimiento denominado Amarras del Gualeguaychú”.

Así, Gualeguaychú informó a la Provincia que dicho “decreto altera las condiciones impuestas” por el gobernador Gustavo Bordet, ante la suspensión del certificado de aptitud ambiental.

A su vez, desde la organización civil “Salvemos el Río Gualeguaychú”, consideraron en su momento que el Decreto de Davico encuadra en el Artículo 248° del Código Penal, esto es abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, y establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Y en consecuencia radicaron en septiembre del año pasado una denuncia ante la Fiscalía N° 3 a cargo del doctor Martín Gil y que contó con el patrocinio de los abogados Julio Majul y las firmas como letrados de Selva Chesini y Alfredo Vitale.

Ellos solicitaron que se investigue y se juzgue por delito de abuso de autoridad previsto en la Ley Penal a Davico, en el marco del dictado del Decreto 415/16 de Pueblo General Belgrano ya que se consideró que se realizó esa norma “de forma malintencionada,  maliciosa y violó una normativa de mayor jerarquía”, por la decisión de la provincia de ordenar el cese de obras hasta que se resuelva el recurso de apelación jerárquica interpuesto por el Municipio de Gualeguaychú en contra del certificado de aptitud ambiental provisorio que le otorgó el ex secretario de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo.

 

Masa irregularidades

 

La presentación judicial recordó que Altos de Uzué inició la construcción del barrio sin el correspondiente estudio de impacto ambiental, como lo ordena la Ley General de Ambiente.

Pero, el entonces secretario de Ambiente, Fernando Raffo, dio una inusual “habilitación condicionada”. Esa determinación obligó al municipio de Gualeguaychú a interponer la apelación jerárquica y luego el gobernador Bordet, emitió el Decreto 258/15, ordenando “la suspensión de los efectos de la resolución” (la de Raffo), hasta que se realice un nuevo estudio y se resuelva el recurso promovido por Gualeguaychú.

Sin embargo, Davico “deroga lisa y llanamente el Decreto de ‘suspensión’ dictado por Bordet, que representa un alzamiento contra todos los principios de jerarquía normativa, ya que se afecta a las atribuciones de la Constitución provincial conferidas a la Secretaría de Ambiente”, fundamentaron los abogados en su presentación.

Ahora el gobierno provincial emitió una carta documento haciendo valer su decreto y volvió a ordenar la paralización de las obras; aunque los hechos consumados otra vez se exhiban como un acto de impunidad e incluso de desafío a la paz social de los vecinos ribereños. No obstante se trata de una decisión firme de la provincia, al menos hasta tanto se resuelva el recurso jerárquico interpuesto por el Municipio de Gualeguaychú. Y a su vez constituye una prueba determinante para que el fiscal Gil esta vez avance en la causa por abuso de autoridad.