Confirman que no serán públicas las audiencias por la muerte de Micaela García

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay, aceptó el pedido de los padres de Micaela García, y confirmó que las audiencias no serán públicas. De esta manera, en virtud de lo solicitado por sus progenitores las audiencias de debate oral en el caso de la muerte de la joven, no serán públicas.  Para informar sobre tal decisión, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, integrado por Javier Cadenas (Presidente de causa) Darío Ernesto Crespo y María Angélica Pivas (Vocales de 2do. y 3er. voto, respectivamente), emitió un comunicado en el que explica que "las audiencias, que se llevarán a cabo a partir del día 21 de septiembre de 2017 y días siguientes, por el caso de la muerte de Micaela García no serán públicas, en virtud de lo solicitado por sus progenitores y lo que dispone el artículo 418 del Código Procesal Penal de Entre Ríos para casos como el presente", explicaron desde la justicia.

Además, el Tribunal señaló que "en el afán de compatibilizar tal reserva, con el legítimo interés a informar y ser informado, se procurará facilitar imágenes del inicio del debate oral, que no afecten los intereses, que legítimamente se pretende preservar, mediante la reserva aludida anteriormente", concluyó.

Por su parte, el abogado de la familia García, el Dr. Jorge Impini, destacó a medios de Gualeguay, que tanto la familia como él, estarán a disposición de la prensa para mantenerla al tanto de la evolución de las audiencias.

Los acusados

 

El violador serial Sebastián Wagner, su patrón Néstor Pavón (dueño del lavadero) y su hijastro Gabriel Otero (hijo de su pareja Nora González) están acusados de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio. La única pena posible para esto es la prisión perpetua.

En tanto, la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor, cerró el viernes un juicio abreviado, por el cual aceptó la condena de dos años y seis meses de prisión efectiva por el delito de “Encubrimiento agravado” por haber ayudado al autor del hecho a ocultarse en Moreno, provincia de Buenos Aires.