Urribarri sostuvo que su imputación es “un disparate jurídico”

“Injusta, infundada pero muy funcional”, se titula un escrito que el ex mandatario publicó en su muro de Facebook tras conocerse su imputación por presuntos delitos de "peculado y negociaciones incompatibles con la función pública", en la causa que investiga contrataciones en el marco de la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada en diciembre de 2014 en Paraná. “Queridos compañeros y amigos: esta semana he sido imputado por los fiscales en razón de unos avisos de televisión emitidos en ocasión de la Cumbre de Presidente del Mercosur en 2014. Al respecto quiero decirles lo siguiente”, arranca el escrito de Urribarri, y agrega: “Escuchamos todos, todos los días por la radio, la televisión y las redes sociales avisos institucionales de todos los gobiernos nacional, provinciales y municipales, invitando a visitar lugares, contando lo que han hecho, cómo han supuestamente cambiado ciertas realidades. Sin embargo por ese mismo tipo de avisos, ligados y en ocasión del evento político institucional más importante de la historia de esta provincia como lo fue la Cumbre del Mercosur, con la presencia de seis presidentes en la ciudad de Paraná, yo he sido imputado penalmente”. Según el Diputado provincial, “todos los aspectos legales de la emisión de esos avisos están debidamente fundamentados y respaldados: ley de la Legislatura provincial, aprobación previa de la Contaduría General de la provincia para los gastos e intervención de los demás organismos de contralor”. En tanto aclaró: “Los avisos existieron, su emisión fue debidamente certificada por los canales a precios razonables del mercado nacional, pero lo que se objeta es ‘el contenido’”, cuestionó Urribarri, quien sostuvo que “argumentan que los avisos relatados por mí -tal como los que hoy protagonizan el Presidente, la Gobernadora de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de CABA (que, según expresara públicamente el ex embajador argentino en Washington Martín Lousteau, destina cuatro millones de pesos por día a una comunicación oficial de la que participa), supuestamente formaban parte de mi campaña presidencial”. “Es decir, ‘interpretan’ y ‘opinan’ sobre un contenido comunicacional y sobre esa interpretación u opinión impulsan una investigación penal que -más allá del disparate jurídico que constituye- claramente tiene el objetivo estigmatizarme, perseguirme y escarmentarme”, enfatizó. “Aclaro que yo no solicité realizar este evento en la provincia, sino que entendí entonces, y así opinaron muchos entrerrianos en su momento, que la decisión de hacerlo en Entre Ríos era un reconocimiento del Estado nacional a la transformación de una provincia que podía mostrarse, al país y la región, como un ejemplo de superación”, consideró. “Violenta entonces cualquier garantía que un ciudadano -al estilo de las listas negras de la dictadura- pueda ser acusado por el poder público por una ‘interpretación’ de contenidos comunicacionales, porque no gusten, porque sean ‘inadecuados’. Deberían acusar de oficio entonces al Gobierno nacional por haber usado el color amarillo, a otros por el color naranja, por los relatos en el fútbol, por las ciudades como Paraná que supuestamente están “de pie” por acción de un Intendente y por toda la comunicación oficial de los últimos 30 años en Entre Ríos y en la Argentina. Sí, claro, por supuesto que es un ridículo”, sostuvo.