Declararán siete testigos en el caso de la patota sindical de UPCN
Harán peritajes en tres teléfonos en el marco de la causa en la que fueron detenidos la semana pasada cinco dirigentes de UPCN. El exministro Ariel de la Rosa deberá declarar el jueves, imputado por el delito de coacción simple.
Con el peritaje de las llamadas y los mensajes de tres teléfonos pertenecientes a dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, continuará la investigación penal preparatoria en el marco de la causa por amenazas y presiones a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. Por el hecho habían sido detenidos Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio; Carina Domínguez, secretaria gremial de la organización; José Zarza; Guillermo Barreira y Zunilda Suárez.
A Zarza, a Domínguez y a Suárez se les imputó el delito de coacciones agravadas; y a Monzón y Barreira, amenazas en concurso ideal con resistencia a la autoridad. Luego de la audiencia realizada el viernes, el juez de Garantías rechazó el pedido de ampliación de prisión preventiva para los imputados, y en cambio, dictó la prisión domiciliaria para Monzón, Zarza y Barreira; mientras que dispuso la libertad de Domínguez y Suárez.
Hacia el final de la semana pasada se conoció la imputación contra el ahora ex ministro de Salud Ariel de la Rosa, quien está citado para mañana a las 16 para prestar declaración indagatoria. Se lo imputa por el delito de coacción simple.
La Fiscalía tratará de establecer la responsabilidad de Ariel De la Rosa en dos hechos: el primero ocurrido el martes de la semana pasada, cuando en forma telefónica le habría exigido a la directora del nosocomio la reincorporación de la enfermera Migueles. La delegada gremial de UPCN había sido cesanteada luego de la finalización de su contrato el 1° de junio. El segundo hecho se produjo el miércoles de la semana pasada cuando el grupo de dirigentes gremiales llegó a hasta Diamante para reclamar en forma desmedida y patoteril la reincorporación de la trabajadora.
“De la Rosa habría actuado en forma conjunta con los representantes gremiales, a quienes les entregó una resolución administrativa del Ministerio de Salud que disponía la reincorporación de Migueles”, se indicó en la acusación pública.
Según informó el diario Uno de Paraná, la medida solicitada por los fiscales Gamal Taleb -reemplazó a Gilberto Robledo, de licencia- y Laureano Dato fue concedida por el juez de Garantías, Julián Vergara, permitirá establecer si existieron comunicaciones entre los sindicalistas y alguna autoridad administrativa o política que pueda estar vinculado con la causa.
Los equipos que fueron secuestrados el mismo día en que el grupo de allegados a UPCN se presentó en el hospital neuropsiquiátrico y fueron detenidos por una disposición de la Unidad Fiscal de esa localidad, fueron enviados al Gabinete de Informática Jurídica de la Procuración, una repartición que está a cargo de todos los peritajes de teléfonos y computadoras de la provincia.
Para esta semana también está prevista la declaración de siete testigos. Dos de ellos podrían aportar datos respecto de las amenazas recibidas por la directora, ya que habrían presenciado los incidentes en el hospital diamantino. En forma extraoficial, se pudo saber que uno de los testigos escuchó el diálogo telefónico entre el ex ministro y la denunciante.
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